El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco presume de que Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en anunciar un recurso contra la Ley de Amnistía en el mes de noviembre de 2023 y, sin esperar a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, remacha hoy, cuando la norma atraviesa el trámite en el Congreso, que la propuesta definitiva de demanda ante el Tribunal Constitucional será “inmediata” y “contundente” en el plazo máximo de tres meses, que es el tope legal según la Ley Orgánica del Constitucional, desde que se publique en el BOE.

Eso sí, la elaboración de la propuesta definitiva, que tendrá que elevarse al Consejo de Gobierno, deberá pasar antes por el juicio del Consejo Consultivo, que es preceptivo, aunque no vinculante, es decir, que si fuera contrario a la presentación, se “valorará”, ha dicho el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, pero sin asegurar que renunciarían en caso de que el informe del Consultivo de Castilla y León fuera contrario.

Inconstitucionalidad antes del BOE

González Gago, que no quiso adelantar los detalles de su demanda hasta que la propuesta definitiva no sea aprobada por el Gobierno de Mañueco, afirmó que “hay elementos jurídicos importantes y argumentos que apuntan a la vulneración flagrante del Estado de Derecho, el principio de igualdad y ataca a la Constitución de una manera insoslayable” en el texto.

No obstante, reconoció que, hasta que no esté publicada en el BOE la norma aprobada hoy en el Congreso de los Diputados, no podrá comprobarse “la última definición” de la Ley de Amnistía y reconoció, también, que “cada palabra es importante”. En ese sentido, sí señaló que el informe del Consultivo, para el que este órgano autonómico tiene un plazo de 20 días en cuanto se le remita el texto, puede proponer que se elimine, modifique o añada algo, y “habrá que adaptarlo”.

“Lo haremos con toda la celeridad posible y toda la inmediatez cumpliendo, evidentemente, los plazos internos, pero siempre antes de que pasen esos tres meses”, concluyó.

Gago, sin embargo, sin lectura previa del BOE, definió la propuesta de demanda en la que están trabajando desde noviembre —“en la definición del campo de fútbol que entendemos que se ve vulnerado”— como “muy contundente y con unos argumentos muy serios que”, entiende, “va a ser difícil que el Tribunal Constitucional no tenga que analizar en profundidad”.

Sobre la posibilidad de concertar una demanda común con otras comunidades autónomas que también tienen previsto recurrir, González Gago rechazó esa opción, puesto que, dijo, cada una tendrá sus propios argumentos.

Contundencia sin amnistías

La sentencia, conocida ayer, a diez meses de cárcel para ocho ganaderos condenados por los altercados registrados el año pasado ante el edificio de la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca durante la protesta por la tuberculosis bovina le ha servido además al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, para volver al asunto de la amnistía catalana.

Preguntada su valoración al respecto, Carriedo se ha referido a las agresiones a los policías nacionales por las que han sido condenados los ganaderos salmantinos durante el intento de asalto al inmueble del Gobierno autonómico en esa provincia comparándolas con los sucesos durante la jornada de referéndum ilegal en Cataluña.

“Pedimos al Gobierno”, ha dicho, “que en cualquier iniciativa donde haya agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se actúe con la misma contundencia que en este caso, sea cual sea la comunidad autónoma en la que estos sucesos se produzcan, sin amnistías respecto a estas agresiones”.