En julio de 2015, Castilla-La Mancha aún respiraba el polvo de los recortes. El Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal había convertido la región en un laboratorio de austeridad sin precedentes: se cerraron escuelas, se despidieron interinos, se suprimieron urgencias rurales, se intentó privatizar hospitales, y se aplicaron recortes sistemáticos a los derechos sociales más básicos. Diez años después, la situación ha cambiado radicalmente bajo el Gobierno de Emiliano García-Page, que ha ido reconstruyendo, paso a paso, lo que el PP desmanteló entre 2011 y 2015.
Durante la legislatura de Cospedal, Castilla-La Mancha lideró los recortes autonómicos. En sanidad, se cerraron 688 camas hospitalarias y 21 puntos de urgencias rurales, medida que fue incluso anulada por la justicia. Más de 3.000 profesionales sanitarios fueron despedidos, se impusieron copagos y se derivaron pacientes a clínicas privadas. Todo mientras se preparaba el terreno para privatizar la gestión de los hospitales de Villarrobledo, Almansa, Tomelloso y Manzanares, algo que fue detenido tras el cambio de Gobierno.
En educación, el golpe fue igual de duro. Más de 60 escuelas rurales fueron cerradas en pequeños municipios, dejándolos sin su único servicio público. Se suprimieron plazas, se despidieron miles de interinos, se aumentó la carga docente y se redujo el presupuesto educativo casi un 30 %. La función pública tampoco se libró. 500 interinos fueron despedidos de forma masiva en una sola mañana en 2012. Las ayudas sociales se desplomaron, el sistema de dependencia se paralizó y la inversión pública en vivienda, agua o carreteras desapareció prácticamente de los presupuestos.
Una década de reconstrucción con más presupuesto y más derechos
Este 4 de julio se cumplen diez años desde que Emiliano García-Page tomara posesión como presidente de Castilla-La Mancha. Lo hizo tras desalojar del Gobierno regional a María Dolores de Cospedal, en una primera legislatura que fue posible gracias a un pacto con Podemos. Desde entonces, ha revalidado el cargo dos veces más, ya con mayoría absoluta. Una década después de aquel cambio político, la región ha dejado atrás una etapa marcada por los recortes, el cierre de servicios públicos y los intentos de privatización.
Hace 10 años ya de estas fotos. Un día que sigue muy presente en mi memoria porque -además de la emoción del momento- marcó el inicio de un estilo para gobernar Castilla-La Mancha que aún mantengo, el de escuchar sin distinción, dialogar y acordar.
— Emiliano García-Page (@garciapage) July 4, 2025
En mi toma de posesión… pic.twitter.com/z9oMtsmUTc
Frente al escenario desolador que dejó el Partido Popular de Cospedal, el Gobierno de García-Page ha apostado por el camino opuesto, el de la reconstrucción. El presupuesto regional ha crecido un 55% desde 2015, alcanzando los 12.716 millones de euros en 2025, con el 70% dedicado al gasto social. En sanidad, se han contratado 13.000 profesionales más hasta alcanzar los 38.000 actuales. Se han construido tres hospitales nuevos, 33 centros de Atención Primaria y se ha recuperado lo que estaba a punto de entregarse a empresas privadas.
Además, Castilla-La Mancha lanzará en 2025 la mayor oferta pública de empleo sanitario de su historia. Más de 5.200 plazas. Esta década ha supuesto medio millón de metros cuadrados nuevos en infraestructuras sanitarias y una inversión sin precedentes.
La educación pública vuelve a ser prioridad
Donde antes se cerraban aulas, ahora se invierte. La inversión por alumno ha pasado de 3.108 euros en 2014 a casi 7.800 euros en 2025, un 81% más. Castilla-La Mancha ha contratado 4.883 docentes más que en 2015, ha incrementado en un 1.645 % la inversión en infraestructuras educativas y destina hoy 6,6 millones de euros al día a su sistema público de enseñanza. Las escuelas rurales han recuperado presencia, y el modelo de cierre impuesto por el PP ha sido sustituido por uno que apuesta por el mantenimiento del servicio educativo incluso en las zonas con menos población.
A ello se suma una de las medidas más reconocidas del actual Ejecutivo, la gratuidad de la matrícula universitaria en el primer curso para los estudiantes que aprueban la PAU en Castilla-La Mancha, una decisión que refuerza el acceso igualitario a la educación superior tras años en los que el PP solo ofreció recortes y tasas más altas.
Empleo, desarrollo y cohesión territorial
Uno de los legados más preocupantes que dejó el Gobierno del PP en Castilla-La Mancha fue una tasa de paro descontrolada: en el primer trimestre de 2013, bajo el mandato de Cospedal, la región alcanzó el 30 % de desempleo, situándose a la cabeza del desempleo en toda España. Frente a esa realidad, los gobiernos de García-Page han protagonizado un giro completo en política económica y laboral, con políticas activas de empleo, inversión pública y apoyo al tejido productivo.
Castilla-La Mancha ha alcanzado en esta década los niveles máximos de empleo y ocupación de toda su historia. Uno de cada cuatro empleos existentes hoy en la región ha sido creado en los últimos diez años. El sector agroalimentario, por ejemplo, ha generado 9.100 nuevos puestos de trabajo, alcanzando casi 90.000 personas ocupadas, gracias a una inyección pública de 1.118 millones de euros desde 2016.
Además, la economía castellanomanchega ha ganado competitividad. La apertura internacional ha crecido 19 puntos desde 2015, y el turismo ha aumentado un 28,2 %, superando ya los 3 millones de visitantes anuales.
Políticas sociales: del abandono al refuerzo
Durante el Gobierno del PP, la atención a la dependencia fue una de las grandes olvidadas. El sistema quedó prácticamente paralizado, con expedientes bloqueados y sin apenas incorporación de nuevos beneficiarios. Hoy, Castilla-La Mancha se sitúa a la cabeza en la atención a la dependencia en toda España, tras obtener la mejor puntuación nacional (8,3) en el último dictamen del Observatorio Estatal, presentado este año en el Congreso de los Diputados. Actualmente, 78.000 familias son atendidas diariamente, con más de 108.000 prestaciones activas, más de la mitad puestas en marcha desde 2015.
La recuperación también ha llegado a otras áreas clave del estado del bienestar. En vivienda, la inversión ha pasado de los 46,2 millones en 2015 a 245 millones en 2024. En materia de agua, se han destinado 170 millones a obras de abastecimiento y depuración, y en infraestructuras viarias, 284 millones de euros han permitido actuar sobre más de 2.000 kilómetros de carreteras.
Además, se ha triplicado el presupuesto en políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género, y se ha duplicado el número de mujeres que se incorporan al campo, en claro contraste con la política de invisibilidad y recortes del pasado. Castilla-La Mancha no solo ha recuperado derechos, ha ampliado su cobertura social, ha reforzado los servicios públicos y ha consolidado un modelo que pone a las personas en el centro de las decisiones políticas.
Un nuevo Estatuto para revertir el recorte democrático del PP
Uno de los cambios estructurales más importantes en esta nueva etapa política en Castilla-La Mancha es la reforma del Estatuto de Autonomía, que ha logrado recientemente el respaldo conjunto de PSOE y PP. La aprobación del nuevo texto permitirá corregir la infrarrepresentación que arrastra la región desde que María Dolores de Cospedal, en 2012, redujo el número de diputados de 49 a 33 con la excusa de la austeridad.
Aquella decisión, adoptada de forma unilateral por el Partido Popular, limitó gravemente la pluralidad política y la representatividad democrática, concentrando el poder parlamentario y dificultando el acceso de formaciones minoritarias. Con esta reforma, Castilla-La Mancha podrá acercarse a comunidades con tamaño y población similares, como Castilla y León o Euskadi, cuyos parlamentos cuentan con entre 75 y 81 escaños.
Este nuevo marco institucional no solo corrige un error histórico, sino que acompaña una década de recuperación democrática y social que ha marcado la diferencia entre el modelo de recorte del PP y el proyecto de reconstrucción impulsado por García-Page.
Un cambio de modelo: más personas, más derechos
Castilla-La Mancha ha pasado de ser un símbolo del austericidio a convertirse en una región que invierte, protege y planifica. De cada 100 personas que se trasladan a vivir a la región, 23 lo hacen a zonas en riesgo de despoblación, un indicador de que las políticas de cohesión territorial están dando resultados. Frente a la tijera de Cospedal y el desmantelamiento de los servicios públicos, García-Page ha elegido fortalecerlos.
El contraste entre ambos modelos es hoy evidente. Y diez años después, Castilla-La Mancha ha demostrado que la recuperación no se logra cerrando colegios ni privatizando hospitales, sino apostando por lo público, por el empleo digno y por una política centrada en las personas.
