Castilla-La Mancha ha frenado en seco la expansión de Bolt en Toledo y refuerza la defensa del servicio público del taxi frente al intento de las VTC de operar al margen de la ley. En los últimos días, la Policía Local de Toledo ha inmovilizado alrededor de una treintena de vehículos de la compañía tras comprobar que realizaban trayectos urbanos dentro de la capital, una práctica expresamente prohibida en la región hasta que entre en vigor el nuevo reglamento de transporte con conductor.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha confirmado que el Gobierno regional ha recibido unas 30 sanciones tramitadas por el Ayuntamiento y la Policía Local de Toledo, que han actuado “en el ejercicio de sus competencias” al retirar los vehículos y trasladarlos al depósito municipal. Hernando ha recordado que solo los taxis pueden realizar servicios con origen y destino dentro del mismo municipio, mientras que las VTC están limitadas a desplazamientos interurbanos.

“Si incumplen la ley, se exponen no solo a las multas, sino también a la inmovilización del vehículo”, ha señalado el consejero, quien ha precisado que las sanciones alcanzan los 4.000 euros en los casos de reiteración de infracciones. Según ha indicado, la actuación de las autoridades locales responde a reincidencias continuadas detectadas en las últimas semanas, desde que los coches de Bolt se instalaron en Toledo con la excusa de operar solo hacia otros municipios, pero acabaron prestando servicios dentro de la ciudad.

La decisión del Ayuntamiento de Toledo, respaldada por la Junta, marca un punto de inflexión en la aplicación del marco autonómico que regula la actividad de las VTC. El Gobierno castellano-manchego ha dejado claro que no permitirá ningún tipo de competencia desleal ni una liberalización encubierta que ponga en riesgo el sustento de cientos de taxistas de la región.

Mientras otras comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox han optado por rebajar los controles y abrir la puerta a la expansión sin límites de las VTC, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha apostado por la regulación y la protección del servicio público. El borrador del nuevo reglamento regional de VTC, actualmente en tramitación, refuerza los requisitos de precontratación, prohíbe expresamente circular en busca de clientes y obliga a regresar a base tras cada servicio, garantizando así una convivencia equilibrada con el taxi.

Castilla-La Mancha marca distancias de Madrid o Andalucía

Con esta actuación, Castilla-La Mancha marca distancias respecto a la desregulación impuesta por la derecha en Madrid o Andalucía, donde la falta de control ha multiplicado los conflictos entre conductores y ha precarizado el sector. En Toledo, el mensaje ha sido contundente: quien incumpla la ley será sancionado, y los vehículos reincidentes serán retirados de la vía pública.

El caso Bolt en Toledo se ha convertido así en el primer gran pulso entre la Junta y las plataformas de VTC en la región. Un pulso que, al menos de momento, ha ganado el Gobierno castellano-manchego. Porque frente a la permisividad y el descontrol que promueven otros, Castilla-La Mancha ha demostrado que la ley y el interés público están por encima de cualquier multinacional.