El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso más en la regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) con el anuncio de un nuevo borrador normativo que se tramitará "con la mayor urgencia y transparencia". Así lo ha confirmado este jueves el consejero de Fomento, Nacho Hernando, tras reunirse con la Federación Regional del Taxi, en un encuentro en el que se ha abordado la irrupción de la empresa Bolt en Toledo y las tensiones que ha generado en el sector.

El texto incluirá medidas como la precontratación obligatoria de los servicios, la prohibición de que los VTC puedan circular por las ciudades en busca de clientes y la obligación de regresar a su base una vez completado un trayecto. Además, fijará una ratio de 30 licencias de taxi por cada VTC, en línea con las sentencias del Tribunal Supremo, lo que, en la práctica, impediría conceder nuevas autorizaciones al haber ya superado con creces ese cupo en la región.

Hernando ha advertido que esta regulación también exigirá la máxima transparencia en los precios y un porcentaje de vehículos adaptados a la movilidad reducida, en las mismas condiciones que el taxi. "No hay un vacío legal", ha remarcado el consejero, criticando a las plataformas que han intentado aprovecharse de la confusión para operar al margen de la ley.

Críticas a la desregulación nacional

El titular de Fomento ha arremetido contra el Gobierno central, al que ha acusado de haberse "lavado las manos" al dejar en manos de las comunidades autónomas la regulación de los VTC. A su juicio, esta decisión ha provocado un "mosaico normativo" en España, con normativas "cada una de su padre y de su madre", lo que genera inseguridad jurídica y alimenta los conflictos entre taxis y VTC.

El caso más evidente se vive en Toledo capital, donde el desembarco de Bolt ha desatado denuncias por "competencia desleal". Hernando ha precisado que su departamento solo ha recibido 10 denuncias de la Policía Local, frente a las 45 que el Ayuntamiento asegura haber tramitado. Por ello, ha reclamado al Consistorio que remita de inmediato todos los expedientes para que la Junta pueda sancionar a los titulares de licencias VTC que hayan incumplido la normativa.

Entre las infracciones detectadas figuran trayectos con origen y destino dentro del mismo municipio, algo expresamente prohibido para los VTC, con sanciones que pueden alcanzar los 4.000 euros. El consejero ha recordado que las competencias sancionadoras están repartidas: la Junta actúa en el caso de viajes irregulares, mientras que los ayuntamientos deben vigilar conductas como estacionamientos indebidos en estaciones o puntos de gran afluencia.

Transparencia frente a prácticas abusivas

Hernando también ha advertido de las prácticas de dumping que pueden estar aplicando algunas plataformas de VTC, con trayectos a pérdidas destinados a expulsar del mercado a los taxistas. "Eso puede acabar dejando desamparados a los ciudadanos en cuanto a la regulación de precios", ha afirmado. Frente a ello, ha reivindicado el modelo del taxi, que ofrece fiabilidad, precios regulados y vocación de servicio público.

Preguntado por si mantendrá un encuentro con la empresa Bolt, Hernando ha asegurado que las puertas "están siempre abiertas a todo el mundo", aunque ha dejado claro que la prioridad del Ejecutivo autonómico es garantizar los derechos de la ciudadanía y un marco de movilidad equilibrado.

El taxi reivindica su papel

Por su parte, el secretario técnico de la Federación Regional del Taxi, José Luis Morón, ha celebrado la reunión con el consejero y ha subrayado que la llegada de Bolt a Toledo "puede repetirse en cualquier otra localidad" de Castilla-La Mancha. Morón ha recalcado que el taxi mantiene su "vocación de servicio público" y que su objetivo es evitar que la falta de control normativo abra la puerta a una precarización del transporte en la región.

Con este nuevo borrador, el Gobierno de García-Page intenta anticiparse a los intentos de liberalización del sector que, de facto, han dejado campo abierto a las grandes plataformas digitales. Una situación que los populares y Vox han respaldado en otras comunidades, siempre bajo la excusa de la "libre competencia", pero que en la práctica se traduce en desprotección para los usuarios y en un golpe a un sector, el taxi, que sigue garantizando un servicio regulado, cercano y de confianza.