Las consejerías y los ayuntamientos del PP contrataban a Over Mc
Según publica este jueves El País, desde la llegada de Matas al Govern en 2003, concluida su etapa de ministro con Aznar, la mayoría de las 13 consejerías baleares y muchos de los ayuntamientos gobernados por el PP contrataron trabajos a Over Mc.
El fiscal y el juez del caso Urdangarin
La investigación la están llevando a cabo el fiscal de Baleares Pedro Horrach y el juez José Castro, encargados del caso Urdangarin. Ambos se han desplazado a Madrid para interrogar a implicados que residen en esta comunidad. Los indicios de presunta financiación irregular del PP pueden conducir a la imputación de una decena de antiguos altos cargos del Gobierno de Matas.
La cabeza del delegado del Gobierno
Over Mc se encargaba de promocionar nuevas infraestructuras en Baleares, como el hospital de Son Espases, un trabajo por el que cobró 1,3 millones o el lanzamiento del parque de Sa Riera de Palma, que costó 120.000 euros.
La investigación judicial llevó en julio pasado a la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, José María Rodríguez, que era era consejero de Interior con Jaume Matas y secretario general del PP de Baleares en las fechas en las que se cometieron las presuntas irregularidades.
Regalos de lujo para altos cargos
Como ocurrió en el caso Gürtel, en la empresa investigada se ha encontrado una larga lista de regalos de lujo junto a sus precios y los nombres de los beneficiarios: cargos del Govern y del PP en Baleares.
El mismo modus operandi que en Valencia y Madrid
Con esta causa ya son tres las comunidades autónomas donde el PP supuestamente se financió a través de adjudicaciones irregulares, en ocasiones otorgadas a dedo, sin que mediara concurso público. En la Comunidad de Madrid, el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa Correa, convenció a alcaldes del PP para que adjudicaran contratos a unas empresas determinadas. Estas pagaban comisiones por esas adjudicaciones a la trama Gürtel que, a su vez, desviaba una parte de los fondos a actos electorales del PP.
En la Comunidad Valenciana, el Partido Popular financiaba muchos actos electorales con dinero de empresas privadas que, a su vez, eran contratistas de la Administración. Estas aparentaban contratar servicios con las firmas de la trama Gürtel y les pagaban unas cantidades de dinero que, en realidad, servían para financiar actos de distintas campañas electorales del PP en esa comunidad. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y la Audiencia Nacional en Madrid mantienen abiertas sendas causas.
