El filtrado masivo de datos personales de los profesores de la educación pública no ha sido la única ni la última polémica de la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de la Vuelta al Cole. La programación en cuestión de horas de miles de test PCR para detectar posibles casos de coronavirus entre los trabajadores educativos se ha acompañada de la adjudicación urgente de todo el sistema a una empresa de sanidad privada, Ribera Salud, a pesar de que son funciones que dependen directamente de la Dirección General de Salud Pública.
A imagen y semejanza de su adjudicación urgente del servicio de rastreadores a Quirón Salud ante su incapacidad de contratar profesiones con mecanismos públicos -y de encontrar trabajdores voluntarios- la Comunidad de Madrid, a través de la Consjería de Educación, ha adjudicado a Ribera Salud la realización de los test que se va a realizar a profesores y trabajadores de los colegios madrileños.
De momento, Ribera Salud no ha informado de cuánto va a cobrar por esa adjudicación y traslada las preguntas sobre esta materia al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: "Esa información debe facilitarla la Consejería de Educación porque es un proyecto organizado y coordinado por ellos”, han respondido a la Cadena SER. Sin embargo, la Consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio no da información al respecto. Lo que sí se conoce es el volumen de la adjudicación que se ha llevado la empresa privada: se prevé la realización de entre 80.000 y 100.000 pruebas.
No es la primera vez que Ribera Salud saca tajada de la pandemia gracias a la Comunidad de Madrid. A finales de julio, por el proceso de urgencia y sin publicidad, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso le adjudicó a la UTE que forma Ribera Salud con Unilabs, la realización de las pruebas de PCR y test serológicos en centros de Atención Primaria y en el Laboratorio Clínico Central. Y Ribera Salud controla el servicio en este laboratorio. Por el momento, según el portal de transparencia, la empresa lleva sumados casi 7 millones de euros en adjudicaciones, a la espera de saber cuánto han costado los tests masivos a los trabajadores de la educación pública.
Ribera Salud también se encargó de realizar los polémicos tests masivos a toda la población de Torrejón de Ardoz antes del verano, aunque su alcalde aseguró que se realizaban con personal externo de la empresa de manera "altruista" como parte del proyecto de Responsabilidad Social de la compañía, que gestiona el hospital de gestión semiprivado de la localidad.
Los profesores, cuyos datos personales han sido filtrados de manera masiva, tienen que firmar un consentimiento firmado que “autoriza a que Ribera Salud contacte con ellos para concertar la cita para la realización de la prueba PCR detección del virus”. Antes, deben haberse realizado un test serológico para detectar anticuerpos y, en caso de ser positivo, autorizan a que la empresa privada informe a la Comunidad de Madrid en un plazo de 24 horas.
