Nuevo movimiento del Partido Popular y de Vox en contra de la memoria histórica. El Ayuntamiento de Teruel restaurará la Cruz de los Caídos de la Plaza del Seminario, sobre la cual se destinará una partida de 31.000 euros. Sobre este símbolo franquista pesa una orden de retirada o eliminación en cumplimiento con la Ley Estatal de Memoria Democrática del Gobierno central.

Este monumento de la dictadura de Francisco Franco fue levantado en 1953 en honor a los caídos de este bando tras la Guerra Civil, enclave que también fue escenario de “exaltación” de la sublevación militar que dinamitó el conflicto nacional.

En el gobierno municipal anterior, a cargo de María Sancho Menjón, se solicitó el 2 de junio de 2023 la retirada de dicho monumento en virtud de la normativa nacional y daba un plazo de tres meses para llevar a término el cumplimiento, si no, se atenían a las consecuencias de multas y pérdida de subvenciones. Finalmente, el consistorio actual al mando del PP y Vox no ha acatado el dictamen, cumpliendo a su vez con la Ley de Concordia impulsada por el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón.

Tal y como detalla El Periódico de Aragón, la partida destinada a esta medida viene del remanente líquido en la tesorería municipal, todo ello pese a la vigencia de la ley estatal y que obliga expresamente a la retirada de la cruz franquista, al igual que con la normativa autonómica que permaneció vigente hasta el pasado mes de febrero.

Cabe remarcar que la Cruz de los Caídos de Teruel es uno de los últimos elementos en pie de la era del franquismo en Aragón, ya que en su gran conjunto fueron previamente retirados en aplicación de la normativa impulsada por Moncloa en la pasada legislatura.

El PSOE lo tilda de “provocación”

La reacción de la oposición al gobierno municipal no se ha hecho de esperar. De parte de la secretaria del PSOE Teruel, Mayte Pérez, se ha definido este acto como “provocación y desafío, tanto a la legalidad como a la dignidad de las víctimas" el hecho de que el consistorio vaya a destinar dinero público a restaurar este símbolo franquista.

A modo de réplica, desde el PSOE municipal han adelantado que ya han puesto en conocimiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez de lo sucedido a través de la Subdelegación, además de que usarán todos los medios en las Cortes del Gobierno de Aragón para que se cumpla con la legalidad en Teruel. "Es absolutamente indecente e inmoral que una institución, un ayuntamiento, no solo no cumpla con la obligación legal de atender los requerimientos, sino que, además, invierta dinero público", ha insistido.

La líder de los socialistas turolenses ha recordado que, aunque PP y Vox han derogado la Ley de Memoria Democrática de Aragón, permanece vigente la Ley 20/2022 del Gobierno de España por la que tienen la obligación legal, "ya no moral, porque no voy a confiar en eso", de cumplir con ese texto y dignificar "a esas víctimas que jamás existieron para la ultraderecha y la derecha" y que "confían en gobiernos progresistas para que les reconozcan esos derechos".

En los mismos términos, así se ha pronunciado también este miércoles el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en una visita a la Delegación del Gobierno en Aragón: "Hemos conocido la noticia hoy y los servicios jurídicos de la secretaría de Estado de memoria Democrática tienen que valorar qué se puede hacer. El Gobierno de España siempre está por el cumplimiento de la ley estatal y de los compromisos internacionales como el derecho a la verdad, la memoria y la reparación", ha señalado.

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