“Es una ley que lo que busca es generar una burbuja de negocio más que una transición justa y sostenible". Son palabras del parlamentario de Izquierda Unida Miguel Bustamante, uno de los firmantes del recurso de Unidas Podemos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley andaluza del Suelo, que en opinión de la coalición de izquierdas "vulnera el principio de autonomía local, en tanto que interfiere en los intereses de los municipios que les son propios impactando de forma directa en el medio ambiente y en la búsqueda de un desarrollo sostenible".
Al necesitarse un mínimo de 50 diputados para interponer este tipo de recurso de inconstitucionalidad, la iniciativa presentada ayer la suscriben, además del grupo confederal morado, los diputados de ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias.
Consideran los recurrentes que la ley andaluza, que contó con el voto favorable de PP, Cs y Vox y la abstención del Partido Socialista, vulnera entre otros este apartado del artículo 45 de la Constitución: "Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva".
El escrito elevado al TC argumenta que la ley andaluza “sustituye el racional ejercicio de la potestad municipal planificadora, por una suerte de urbanismo aleatorio que permitirá introducir usos y explotaciones destructoras de los valores ambientales con que cuenten los suelos afectados, por el desviado método de no haber sido previsto o planificado por la entidad local en los términos prohibitivos que la norma ahora establece".
Otro posible motivo de inconstitucionalidad es la decisión del Gobierno de PP y Cs de tramitar y aprobar el proyecto de ley “por el procedimiento de urgencia, en lugar de por el procedimiento común, de tal manera que se afectó manera cierta e injustificada al ejercicio efectivo del derecho a la participación política de los poderes estatuidos, por la falta del presupuesto de hecho habilitante para optar por tal procedimiento excepcional".
En consecuencia, argumentan, "es evidente que la reducción del tiempo para la formulación de enmiendas y aportaciones al proyecto de ley tuvo el doble efecto de dificultar el normal desempeño de la función parlamentaria" de los diputados autonómicos, y "de empeorar la calidad del texto resultante de un debate parlamentario que no pudo enriquecer con las plurales aportaciones y su adecuado debate la ley finalmente aprobada".
Entiende también Unidas Podemos que la ley andaluza autoriza usos del suelo rústico “que excluyen los establecidos con este carácter por la normativa básica estatal de protección ambiental y cuya implantación sobre el territorio supondrá la desaparición de los valores que deben ser preservados".
En efecto, el artículo 21 del texto recurrido establece como usos ordinarios del suelo rústico –además de los tradicionales como las actividades agrarias, ganaderas, forestales y cinegéticas– el minero, las energías renovables, las telecomunicaciones y la ejecución de infraestructuras en general. También se da luz verde a las edificaciones de uso residencial "necesarias para el desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico, entre los que se incluyen los alojamientos para personas que desarrollen trabajos por temporada".
La iniciativa la explicaban a los medios los diputados andaluces de Unidas Podemos Martina Velarde, Pedro Honribia, Miguel Ángel Bustamante, Juan Antonio Delgado e Isabel Franco, quienes precisaron que para su interposición han colaborado con Ecologistas en Acción, la plataforma Aliente.
El Gobierno andaluz intentó ayer desacreditar la iniciativa. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, dijo que el recurso "atenta contra el desarrollo de Andalucía e intenta tumbar sin argumentos una ley con un amplísimo consenso social y político".
Recordó Carazo que el proyecto contó la abstención del PSOE-A, así como “con el informe positivo del Consejo Consultivo y el apoyo de una treintena de colegios profesionales y entidades sociales, de órganos como la Federación Andaluza de Municipios de Provincias (FAMP), y del Consejo de Gobiernos Locales".
Asimismo, la denominada oficialmente Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) ha sido, dijo Carazo, “muy bien recibida por la mayoría de los ayuntamientos andaluces, de todo signo político, que reclamaban un cambio en el urbanismo y la ordenación del territorio en Andalucía desde hace muchos años".
