Indignación entre los socialistas por la grave acusación lanzada hoy por el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, según el cual los anteriores Ejecutivos permitieron la "desaparición de 1,8 millones de vacunas" contra la gripe durante los últimos diez años. Dichas dosis habrían sido distribuidas pero no administradas ni devueltas al Servicio Andaluz de Salud, según Bendodo

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, ha denunciado que el Gobierno andaluz “sigue mintiendo sobre las vacunas de la gripe de manera obscena y con una falta total de ética, en su desesperación por intentar tapar” que hay cientos de profesionales sanitarios protestando en la calle por los recortes del gobierno de PP y CS en los hospitales y centros de salud del SAS.

El PSOE andaluz ha trasladado las opiniones de Fiscal en un comunicado difundido esta tarde en el que, sin embargo, no aporta datos estadísticos propios para contrarrestar la acusación del Gobierno conservador.

En opinión de Fiscal, “Bendodo y Aguirre deberían vacunarse contra las mentiras, a ver si dejan de manipular y se ponen a trabajar para que los andaluces tengan el sistema sanitario público que merecen”. El portavoz socialista también cuestiona los datos oficiales de la campaña de vacunación de la gripe 2018-2019 en Andalucía, ya que “existen serias dudas sobre la gestión del actual Ejecutivo andaluz”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha reiterado que “las vacunas suministradas desde los hospitales y centros de salud de Andalucía han sido contabilizadas en su totalidad siempre, constando de manera oficial todas, las dispensadas y las devueltas, tal y como demostró con datos la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en el último pleno del Parlamento andaluz”.

“Como bien sabe el Ejecutivo de las derechas”, ha añadido Fiscal, "a las vacunas dispensadas en los centros sanitarios hay que sumar las vacunas que se distribuyen entre colectivos de riesgo como protección civil, profesionales sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, ONGs, trabajadores de residencias y centros de personas mayores y con dependencia, ayuntamientos y diputaciones, entre otros organismos".