El PSOE andaluz reclama a Moreno Bonilla crear un fondo extraordinario para indemnizar a las miles de afectadas por la crisis del cribado del cáncer

El PSOE de Andalucía ha reclamado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, la creación de un fondo extraordinario de indemnización para las miles de mujeres —y también hombres— afectadas por los errores de gestión en el programa de cribado del cáncer de mama en la comunidad. La propuesta, defendida por la portavoz socialista María Márquez durante el debate general sobre sanidad en el Pleno del Parlamento, busca que el Gobierno autonómico reconozca oficialmente a las víctimas y repare los perjuicios derivados de un escándalo sanitario que, según el PSOE-A, “sigue sin respuestas ni soluciones”.

Durante su intervención, Márquez ha denunciado que el Gobierno de Moreno Bonilla continúa sin ofrecer “explicaciones claras” sobre lo sucedido, “casi un mes después de que estallara el escándalo de los cribados en Andalucía”. La dirigente socialista ha reprochado que Moreno Bonilla “siga escondido” ante una crisis que ha generado “angustia” entre las personas afectadas. “No sabemos qué es lo que ha pasado”, ha subrayado, lamentando que la Junta “no haya dado todavía ninguna solución concreta” para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los pacientes.

Un escándalo sanitario con miles de afectadas

La crisis del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía ha alcanzado dimensiones graves, derivadas de fallos sistemáticos en la gestión del cribado. Según diversos informes, al menos 2.000 mujeres han sido afectadas por mamografías con resultado “no concluyente” o sin derivación adecuada, sin que se les informara, lo que ha provocado diagnósticos tardíos y daños irreparables.

Este colapso en el sistema de cribado —que la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico ha calificado de consecuencias “irreparables” para muchas mujeres— ha puesto al descubierto lo que numerosos expertos denominan un “problema estructural” dentro de la sanidad pública andaluza. La afectación no sólo es clínica, sino también social: muchas personas se encuentran en el limbo de la incertidumbre, sin saber si fueron diagnosticadas a tiempo, lo que ha generado una profunda pérdida de confianza en el sistema sanitario autonómico.

En la región, las repercusiones son múltiples. En primer lugar, se ha deteriorado la percepción ciudadana respecto al sistema público de salud, un servicio que debería ser garante de seguridad ante una enfermedad de alta incidencia en Andalucía. Los retrasos en las pruebas, las derivaciones pendientes y el aumento de la carga asistencial están afectando a hospitales de varias provincias.

La dimensión del problema ha trascendido lo sanitario. En el ámbito político, las consecuencias ya son visibles: el reciente nombramiento del nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, ha sido interpretado por la oposición como un movimiento “más político que técnico” tras la crisis.

Desde el Palacio de San Telmo, la estrategia es resistir. Moreno Bonilla se ha defendido alegando que se están “corrigiendo los fallos con la máxima transparencia” y que la prioridad es “dar tranquilidad a las mujeres afectadas”. Sin embargo, la oposición insiste en que no basta con asumir el error: hace falta una asunción de responsabilidades que esté a la altura del daño causado.