Andalucía es hoy el epicentro de una polémica que ha cruzado fronteras autonómicas. La crisis del cribado del cáncer de mama, con miles de mujeres afectadas por la falta de seguimiento médico, ha escalado hasta convertirse en un caso nacional. Las protestas crecen, los partidos reclaman explicaciones y la pregunta se instala en todos los informativos: ¿puede seguir Moreno Bonilla al frente de la Junta tras un fallo sanitario de esta magnitud?
Todo comenzó con la revelación de que más de 2.000 mujeres andaluzas no recibieron a tiempo los resultados de sus mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama. Los fallos en la comunicación, la falta de personal y el colapso de los sistemas informáticos derivaron en retrasos de meses en las revisiones. Algunas de las afectadas han denunciado públicamente que esos retrasos les impidieron recibir un diagnóstico temprano, lo que en casos de cáncer puede ser determinante entre la vida y la muerte.
La Junta de Andalucía reconoció el fallo tras semanas de presión mediática y política. Moreno Bonilla reaccionó aceptando la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y anunció una auditoría interna junto a un plan de choque para revisar uno a uno los expedientes pendientes. Aseguró que “no se trata de mirar atrás, sino de garantizar que no vuelva a ocurrir”. Pero lejos de calmar los ánimos, las explicaciones del presidente han encendido aún más el debate sobre la responsabilidad política del Gobierno andaluz.
Las asociaciones de pacientes y colectivos feministas acusan al Ejecutivo autonómico de haber actuado tarde y de intentar minimizar la gravedad de lo ocurrido. Desde la oposición, PSOE y Por Andalucía han pedido la comparecencia urgente de Moreno Bonilla en el Parlamento, al considerar que el problema no puede reducirse a un error administrativo. “Esto no es un fallo técnico, es una cadena de negligencias con consecuencias humanas”, han denunciado varios portavoces.
En las calles, la indignación se ha transformado en movilización. Bajo el lema “Nuestra vida no puede esperar”, miles de mujeres han salido a manifestarse en Sevilla, Málaga, Granada y otras ciudades andaluzas, reclamando responsabilidades. “No somos números, somos pacientes”, coreaban en las concentraciones frente a los hospitales. Para muchas de ellas, la dimisión de la consejera no basta: apuntan directamente al presidente y le exigen que asuma la responsabilidad política máxima.
La presión también ha llegado desde los propios profesionales sanitarios. Médicos y técnicos de radiología alertan de que los problemas en los programas de detección precoz no son nuevos, sino el resultado de años de recortes, sobrecarga laboral y falta de inversión. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) acumula, según los sindicatos, una de las mayores tasas de vacantes y contratos temporales de todo el país, lo que habría afectado al funcionamiento de programas tan sensibles como el de detección del cáncer de mama.
Desde el Palacio de San Telmo, la estrategia es resistir. Moreno Bonilla se ha defendido alegando que se están “corrigiendo los fallos con la máxima transparencia” y que la prioridad es “dar tranquilidad a las mujeres afectadas”. Sin embargo, la oposición insiste en que no basta con asumir el error: hace falta una asunción de responsabilidades que esté a la altura del daño causado.
El caso ha abierto una grieta política profunda y un debate ético que trasciende a los partidos: ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad política en un error sanitario de esta magnitud? Por eso, te invitamos a participar en esta encuesta: ¿debería dimitir Moreno Bonilla tras el escándalo del cribado del cáncer de mama?
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