La dimisión de la consejera de Salud andaluza, Rocío Hernández, no ha cerrado la crisis sanitaria abierta por los fallos en el cribado de cáncer de mama que afectaron a miles de mujeres. Para la portavoz del PSOE-A, María Márquez, el gesto llega tarde y apunta más arriba: “No pedían la dimisión de la consejera, pedían la del presidente Moreno Bonilla”. La oposición exige una comisión de investigación y colectivos feministas preparan nuevas movilizaciones.

El anuncio de la renuncia de Rocío Hernández llegó apenas unas horas después de la multitudinaria manifestación del miércoles en Sevilla, donde miles de mujeres, pacientes y profesionales sanitarios marcharon bajo el lema “Nuestras vidas no pueden esperar”. Fue una de las protestas más concurridas de los últimos años en Andalucía en defensa de la sanidad pública, con gritos dirigidos directamente al presidente de la Junta y a su gestión sanitaria.

La dimisión, confirmada por el propio Juanma Moreno, fue presentada como un acto de “responsabilidad política” ante una situación “muy dolorosa” que ha generado alarma social. Sin embargo, las explicaciones del presidente no convencieron ni a la oposición ni a las asociaciones de afectadas. El PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía coincidieron en que el relevo en la Consejería no soluciona el problema de fondo: los fallos estructurales en el sistema sanitario andaluz.

“Ustedes primero negaron el problema y luego culparon a las mujeres”

En este sentido, María Márquez ha elevado el tono de las críticas y ha recordado que el Gobierno autonómico optó por minimizar el problema y prácticamente culpar a las mujeres de ello: “Cuando se conoció la situación tan grave que se está viviendo en la sanidad pública andaluza, de mujeres con cáncer jugándose la vida, ustedes primero negaron el problema, dijeron que estábamos manipulando la situación”.

Asimismo, la portavoz socialista ha reprochado al Ejecutivo del PP el haber intentado “minimizar” la magnitud del escándalo. “Dijeron que había cuatro o cinco casos. No son casos, son vidas, señor presidente”, ha sentenciado Márquez, acusando al Gobierno andaluz de tratar de “culpar a las mujeres, a los profesionales o a los partidos de la oposición” en lugar de asumir responsabilidades políticas.

Márquez ha atribuido lo ocurrido a la política de privatización progresiva del sistema sanitario andaluz impulsada por el Ejecutivo de Moreno. “La gente en la calle lo ha dicho claro: esto responde a la privatización del modelo sanitario”, ha denunciado. “Ustedes han vendido a cachitos lo más sagrado que teníamos los andaluces, que era nuestra sanidad pública. Esto no puede quedar aquí”, ha concluido.

Una cadena de errores en el cribado

El caso, destapado a comienzos de octubre, reveló que más de 2.000 mujeres habían sufrido retrasos en la comunicación de los resultados o en la repetición de pruebas tras mamografías con resultados “no concluyentes”. Los errores se detectaron principalmente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, aunque el impacto se extendió a otros centros del sistema público.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) reconoció que se trataba de un fallo informático y de supervisión humana que había dejado sin seguimiento a cientos de pacientes durante meses. Ante la presión pública, la Junta anunció un plan de choque con 12 millones de euros de inversión, la contratación de más de un centenar de radiólogos y la revisión completa de todos los historiales afectados antes de finales de noviembre.

Moreno pide disculpas, pero asume solo “errores de gestión”

En su comparecencia, Moreno Bonilla pidió “disculpas a todas las mujeres afectadas” y aseguró que el Gobierno andaluz está actuando “con transparencia”. No obstante, defendió que no existe “negligencia deliberada” sino “una disfunción técnica y humana” en el proceso de cribado. “La dimisión de la consejera es un paso necesario para restablecer la confianza en nuestro sistema sanitario”, afirmó.

A pesar de sus palabras, los partidos de la oposición consideran insuficiente la respuesta. El PSOE-A ha solicitado la creación de una comisión de investigación parlamentaria, mientras que Por Andalucía reclama una auditoría independiente y la revisión completa del modelo de externalización de servicios sanitarios.

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