El fiscal general presenta su dimisión tras la condena del Supremo: "He servido fielmente a la institución"

El fiscal general del Estado ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno. Álvaro García Ortiz ha remitido una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que solicita que el Consejo de Ministros acuerde su cese. “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”, recoge el escrito.

Para ser más precisos, en la misiva, que ha adelantado 'El País', el fiscal general afirma dejar el cargo en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" tras la sentencia del Supremo y que por ende, ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad". Una carta breve en la que García Ortíz se despide con el "convencimiento de haber servido fielmente a la institución, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional". "La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", remata.

El fallo del Supremo que precipita la renuncia

Su renuncia se produce tras conocer, el pasado jueves, la sentencia del Tribunal Supremo que le impone dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. 

La condena se sustenta en un delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal, y supone un hecho inédito: nunca antes un fiscal general en ejercicio había sido condenado durante el desempeño de su mandato.

El núcleo del caso se sitúa en la difusión de información reservada vinculada a las comunicaciones entre la defensa de González Amador y la Fiscalía. Según el fallo, la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid y determinados correos internos incluyeron datos que no debían haberse hecho públicos, lo que llevó a los magistrados a considerar acreditada la revelación de secretos. La resolución fue aprobada por cinco de los siete miembros de la Sala, mientras que dos emitieron votos particulares cuestionando la interpretación de los hechos y la entidad del daño producido.

A pesar de la contundencia del fallo, la sentencia aún no ha sido notificada en su versión íntegra. Hasta que no se formalice esa comunicación, la condena no surtirá efectos plenos y García Ortiz conserva, en términos estrictamente legales, la posibilidad de presentar un incidente de nulidad ante el propio Supremo. También podría recurrir posteriormente al Tribunal Constitucional si estima que han sido vulnerados sus derechos fundamentales durante el proceso. En cualquier caso, la inhabilitación abre la puerta a que pierda no solo su cargo al frente del Ministerio Fiscal, sino también su plaza dentro de la propia carrera fiscal, una posibilidad prevista en el marco regulador de la institución.

El fallo del Supremo no solo afecta a la situación personal e institucional de García Ortiz, sino que también introduce un debate de mayor alcance sobre los límites de la comunicación institucional de la Fiscalía y su relación con causas abiertas que involucran a figuras públicas. La Sala descartó aplicar una modalidad agravada del delito —que habría implicado penas de prisión— al no apreciar un "grave daño", pero sí consideró que la divulgación de datos reservados vulneró el secreto profesional. Esta interpretación, unida al carácter inédito de la condena, ha situado la resolución en el centro del debate jurídico y político, intensificando la presión que finalmente llevó al fiscal general a presentar su dimisión antes de que la sentencia se ejecute formalmente.

El Gobierno intensifica la búsqueda de un sustituto

En paralelo, el Gobierno ha activado ya el proceso para designar a un nuevo fiscal general del Estado. En cuanto García Ortiz anunció su renuncia, el Ministerio de Justicia comenzó a trabajar en el perfil de quien deberá asumir el cargo en un momento especialmente sensible para la institución. La prioridad, aseguran fuentes del Ejecutivo, es encontrar a una figura con una trayectoria jurídica sólida, reconocida dentro de la carrera fiscal y capaz de garantizar estabilidad institucional tras una etapa marcada por la controversia.

La búsqueda del sustituto se ha convertido en una cuestión urgente para Moncloa, que aspira a cerrar el relevo en los próximos días. El Ejecutivo sostiene que es imprescindible restablecer cuanto antes el normal funcionamiento de la Fiscalía General, en un contexto en el que la sentencia del Supremo ha generado un evidente vacío de liderazgo. Entre los criterios que se barajan destacan la capacidad de diálogo interno, la solvencia técnica y un perfil que transmita independencia, tanto dentro de la institución como de cara a la ciudadanía.

El presidente del Gobierno ha subrayado públicamente que respeta el fallo judicial, aunque ha insistido en la necesidad de que el relevo se produzca con rapidez para preservar la imagen del Ministerio Fiscal. La idea que transmiten desde el Ejecutivo es que el nombramiento de la próxima persona al frente de la Fiscalía no será solo un trámite administrativo, sino también un gesto político y simbólico destinado a reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal en un momento en el que la institución se encuentra bajo una presión excepcional.

La transición se enmarca, además, en un debate más amplio sobre la futura reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuyo objetivo es limitar la dependencia del fiscal general respecto al Gobierno. Aunque la reforma aún no está culminada, el contexto actual anticipa que la elección del sustituto deberá calibrarse teniendo en cuenta ese horizonte de cambio. Con el relevo ya en marcha, el Ejecutivo busca cerrar cuanto antes la etapa abierta tras la condena, minimizar la inestabilidad institucional y preparar a la Fiscalía para una nueva etapa marcada por la necesidad de blindar su independencia.