Sánchez apunta a un recurso ante el Constitucional e insiste la inocencia de García Ortiz

Desde Johannesburgo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha manifestado sobre la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado. En rueda de prensa para hacer balance de la cumbre del G-20 clausurada este domingo en la capital de Sudáfrica, el jefe del Ejecutivo ha reforzado su confianza en la inocencia de García Ortiz. Moncloa acata el fallo, pero ya expresa públicamente su disconformidad sobre su “orientación”. “Los testimonios de los periodistas acreditados explicaron que el fiscal general no era origen de las filtraciones de las que fue acusado por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”, ha precisado ante los medios de comunicación. Al margen de percutir en que la tarea ahora gira en torno a la búsqueda de un perfil de solvencia para ocupar el primer escalafón del Ministerio Público, ha deslizado que recurrirán la decisión ante el Tribunal Constitucional. Movimiento que se producirá en cuanto conozcan la sentencia en su conjunto.

Sánchez ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance de una cumbre del G-20 que concluía este mismo domingo. Sin embargo, el foco durante su rueda de prensa, como no podía ser de otra manera, se ha situado sobre el fallo del Tribunal Supremo en el caso del fiscal general del Estado. Una sentencia de la que, como recordaba el propio presidente, se desconoce su base jurídica. Tan sólo trascendió la condena a García Ortiz, que quedará inhabilitado de sus funciones durante dos años y se verá obligado a pagar una multa de 7.200 euros por revelación de secretos. El jefe del Ejecutivo ha salido en su defensa, protegido por la clásica retórica de “respeto a la Justicia” y acatamiento, y ha percutido en su inocencia.

Lo ha hecho, además, en un ejercicio de desmarque con las clásicas actuaciones del Partido Popular, rememorando el inefable mensaje de Ignacio Cosidó tras cerrar un pacto con el PSOE para renovar el Poder Judicial en 2018. “Respetamos las sentencias del Supremo, no me habrán escuchado, como a otros partidos, decir que vamos a controlar la Sala II del tribunal por la puerta de atrás”, descargaba Sánchez en un comentario no exento de malicia, pues el entonces senador conservador se jactaba de haber elegido a Manuel Marchena como presidente del órgano de gobierno de la judicatura, quien a la postre ha sido uno de los togados que bajaron el pulgar a García Ortiz.

En este sentido, ha reiterado su máximo “respeto” a las sentencias judiciales, pero ello no implica que no pueda existir una discrepancia pública: “Las acatamos, pero en una sociedad democrática podemos manifestar nuestra discrepancia sobre su orientación”. Y de hecho, el presidente del Gobierno, la ha manifestado con luz y taquígrafos ante los medios de comunicación en Johannesburgo.

Recurso ante el TC

Divergencias aparte, Sánchez ha insistido en que Álvaro García Ortiz es a todas luces inocente y descansa su argumentación sobre los “testimonios de los periodistas de acreditado prestigio” que declararon durante el proceso exprés. “Quedó de manifiesto en el juicio que el fiscal general no era el origen de las filtraciones de las que lo acusó la pareja de Ayuso”, desgranaba en primer término, antes de corroborar que el Gobierno está inmerso en la apertura de un procedimiento para nombrar a su relevo. No obstante, acto seguido, ha sugerido que se acudirá a “otras instancias para dirimir los aspectos de la sentencia”. Algo que ocurrirá – ha apostillado – en cuanto se “conozca” la misma en su integridad. Por lo tanto, ha descartado entrar en el campo de los indultos, habida cuenta de que no es el momento para abrir ese debate.

En consecuencia, ha recordado que no ha sido él ni nadie del Partido Socialista o del Gobierno quienes se hayan jactado de “controlar” la Sala II del Supremo “por la puerta de atrás”. De ahí, que remarcara su profundo “respeto” por la independencia del poder judicial, a diferencia del modus operandi que predomina en Génova 13, donde ahora aprovechan la condena al fiscal general del Estado para reclamar elecciones anticipadas.