El Ramón y Cajal se sitúa como uno de los centros que concentran un importante número de polémicas sanitarias de la Comunidad de Madrid. El centro hospitalario, a su vez uno de los más reconocidos de la región y del país, fue el que más contratos menores cerró durante el primer año de la pandemia del Covid, según se desprende del informe que el colectivo ciudadano Audita Sanidad llevaba este jueves ante la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) y al que tuvo acceso en exclusiva ElPlural.com.
En concreto, el documento revelaba que solo en el año 2020 el espacio cerró 44.358 acuerdos mediante esta vía, pensada para momentos de urgencia, es cierto, pero de la que la administración Sol hizo un empleo abusivo tanto este como los años anteriores, incluso cuando Ayuso no lideraba la Autonomía, pero siempre bajo la batuta del PP.
La cantidad mencionada supusieron más de 98 millones de euros que se llevaron distintas empresas, aunque las más beneficiadas habrían sido, siempre atendiendo al documento señalado (de 34 páginas), Siemens S.A, Healthcare y Meditronic S.L.

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Los datos mantienen al colectivo ciudadano en alerta por más que posible “fraccionamiento de contratos” dado que el primer año de coronavirus el Ramón y Cajal concluyó 142 contratos menores por un importe de 474.000 euros sin IVA para un mismo producto, concretamente reactivos y kits de placas tectónicas y de biología molecular.
Se trata nada menos que del 22% del total de contratos menores que fueron adjudicados por el hospital, además del 35,3% del importe total sin tener en cuenta el IVA. Asimismo, con un total de 566 contratos menores y un importe cercano a los 7.800.000 euros.
Sin embargo, no es la única controversia que ha salido a la luz en los últimos días y que afecta a este espacio, y es que algunos de las acciones que se desarrollaron en él también permiten al menos el beneficio de la duda.
En este sentido, el diario El País publicaba una información llamativa sobre Miguel González, con quien ElPlural.com también intentó contactar sin éxito, y su empresa Pinturas Rosell S.L. Entre las partes habrían formalizado 1.641 contratos a dedo con la Consejería de Sanidad, ya de Fátima Matute, como intermediaria desde el año 2016. Las actuaciones y los cobros son tan variados, yendo desde los 363 euros para “repaso de goteras” o el “pintado aseo por avería agua” por 278,28 euros; hasta los más de 3.000 euros para “bordillo, piramidin y taxis”.
El escándalo del Grupo GEE
Este medio de comunicación destapaba en exclusiva hace unos años (en 2019) que el hospital Ramón y Cajal, había contratado los servicios de la empresa Ibérica de Mantenimiento para el mantenimiento, tal y como su nombre indica, de los equipos de electromedicina del centro.
La compañía obedece a una empresa que forma parte del Grupo Empresarial Electromédico, como contaba en aquel momento este periódico, y que resultó especialmente beneficiado por el sistema público de salud madrileño (SERMAS), con contratos millonarios y prórrogas nada despreciables sin someterlas a concurso público. Es decir, mediante el mecanismo que coloquialmente se conoce como ‘a dedo’.
En el caso concreto del Ramón y Cajal, el primer contrato tenía una duración de dos años que podían prorrogarse otros tres de forma legal. No obstante, el concurso público no había llegado hasta 2015, cuando los servicios los volvería a prestar la misma firma. La cantidad que aquel momento había ganado Iberman en prórrogas fuera de la ley llegó hasta los 7,5 millones de euros; mientras que entre 2003 y aquella fecha, el Grupo GEE ha ingresado más de 14 millones del hospital madrileño.
Esta información perteneció a una serie de publicaciones que había publicado ElPlural.com y que incluía varios hospitales de la red sanitaria pública de Madrid, como La Paz, el Carlos III o el Clínico San Carlos; algunos de ellos también cerraron un importante número de contratos menos en pandemia.
Tomás Díaz Ayuso
En otro orden de cosas, el hermano de la presidenta de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, convirtió el hospital protagonista de este artículo en su principal cliente. En menos de un año, coincidiendo el final con el comienzo de la pandemia, la compañía en la que éste, ejercía como gerente de Desarrollo de Proyectos, Artesolar Iluminación, facturó 71.184,07 euros mediante 11 contratos a dedo.
Tomás Díaz Ayuso, sobre el que después se depositarían los focos por sus comisiones durante el Covid, logró este dinero después de proporcionar supuestamente lámparas y pantallas.