La sanidad pública, baluarte del sistema español, está siendo vendida a mansalva a entidades privadas cuya única pretensión es la obtención de beneficios empresariales, priorizando estos a la salud de la ciudadanía. Golpearse el pecho en defensa de la falsamente llamada colaboración público-privada, papel que interpreta habitualmente, de forma interesada o no, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no cambia la naturaleza y el objetivo final de estas sociedades. Sin embargo, no ceder ante su presión puede acabar con tu carrera, como le sucedió a Mónica Oltra.
Una de estas entidades, Ribera Salud, dio la orden de dejar de atender o rechazar pacientes y ampliar las listas de espera para aumentar el beneficio. Una orden dada por el CEO de la empresa, Pablo Gallart, al hospital madrileño de Torrejón de Ardoz, donde habían recibido poco antes un rescate de 33 millones de euros de manos del Gobierno de Ayuso. Una buena relación con la presidenta que, por el contrario, no fue tan buena con la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra.
La que fuera líder de Compromís y una figura clave del Botànic impulsó la desprivatización de dos hospitales de Ribera Salud en la Comunitat Valenciana, devolviéndoles su naturaleza pública, y la compañía, que perdió 100 millones de euros en ingresos por esta decisión, decidió participar del caso judicial sin pruebas, que consecuentemente la Justicia se encargó de alargar y airear, junto con la agitadora ultra condenada por acosar a dos jóvenes víctimas de una violación grupal, Cristina Seguí, y grandes personalidades del Partido Popular (PP) valenciano, como Francisco Camps.
Oltra, allá por 2022, denunció en las propios Corts valencianas que esta campaña de lawfare se estaba produciendo. Una fotografía de la fundadora de Vox, el expresident valenciano y el CEO de Ribera Salud hasta hace unos meses, Alberto de la Rosa, evidenciaban lo que estaba sucediendo. “Unan los puntos”, trasladó en aquel momento Oltra. Poco después, una vez que consiguieron borrarla del mapa político, la política valenciana se lamentaba en el programa Salvados: “Su objetivo era que yo desapareciera del Gobierno y lo consiguieron”.
Carrera de una líder que apostaba por defender la sanidad pública hundida y a otro sitio a hacer negocio. En la Comunidad de Madrid, lejos de encontrarse esta oposición, siempre han caminado por una alfombra roja. Los miles de ciudadanos que estaban acudiendo al Hospital de Torrejón de Ardoz creyendo que harían todo lo posible por ayudarles con sus dolencias han sufrido las consecuencias. Ahora, mandatarios políticos se echan las manos a la cabeza ante el resultado evidente de una gestión pensada en favorecer los intereses empresariales.
La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha acordado, tras estallar el escándalo, de la sucesión de acontecimientos que acabaron con su excompañera valenciana. “Recordemos hoy que Ribera Salud, de la mano de la extrema derecha, fue también quien estuvo detrás del lawfare para acabar con el mandato de Mónica Oltra y derrotar al gobierno valenciano que estaba desprivatizando sus hospitales”, ha denunciado. Aunque ya es tarde para Oltra y sobre la mesa aún está la ley 15/1997, ley que permite la concertación de la sanidad y que García defendía derogar.
Ribera Salud campa por Madrid
Ribera Salud, grupo sanitario que gestiona 16 hospitales y 74 centros médicos en toda España, se ha erigido como ejemplo perfecto de lo despiadado del sistema. Bien los saben los usuarios del madrileño Hospital de Torrejón de Ardoz, donde el CEO de la compañía, ya dimitido, ha llamado abiertamente a ampliar las listas de espera y priorizar pacientes para ganar más dinero. Para “alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones”, daba la orden Pablo Gallart. A la luz de los hechos y el proceder, no puede descartarse que esta práctica haya darse en otros hospitales.
Detrás de esta actuación se encuentra el convenio que une a la Comunidad de Madrid con el centro entregado a las manos privadas: se abona una cuantía fija anual a la empresa que, para sacar beneficios, hace malabares entre el mal trato al paciente y la precarización de la plantilla. Cabe destacar que el Ejecutivo de Ayuso, hace escasos meses y antes de que el CEO llamase a condenar a los pacientes a no ser atendidos, salvó a este hospital con 33 millones de euros ante su insolvencia.
Esta es solo una tipología de acuerdo de las muchas que se multiplican por la Comunidad de la privatización, donde los grupos sanitarios relacionados con la pareja y la familia de la presidenta incrementan sus participaciones y cuentas de resultados. O abortas en la privada o no abortas; o te operas en la privada o te toca esperar dos años; o te callas o sufres las consecuencias. Miedo y privatización en Madrid.
