En las autonomías, tanto conservadoras como socialistas o nacionalistas, es un clamor: el actual estado de alarma debe prolongarse más allá del 9 de mayo, la fecha en que vencerá el actual sin que el Gobierno de España crea necesario alargarlo.

El problema político que tiene la posición del Ejecutivo y de su presidente Pedro Sánchez, que fue el encargado de anunciar la decisión, es que las razones aducidas para ello son poco convincentes. Y son poco convincentes porque son poco claras, hasta el punto de dejar en los ciudadanos y en los dirigentes autonómicos más dudas que certezas.

Esa falta de nitidez y convicción de las razones del Gobierno está engordando, como si fuera una bola de nieve, la sospecha de que el presidente Pedro Sánchez se ha enrocado en no prorrogar el estado de alarma porque no quiere someterse al calvario de un Congreso de los Diputados al que el PP y Vox, pero no solo ellos, acudirán con los clavos en una mano y el martillo en la otra con la intención de crucificar al presidente.

Es probable que ese temor no sea el motivo principal de Sánchez para haber descartado la prórroga pero, si no lo es, los estrategas de la Moncloa no han demostrado que no lo sea ni, por supuesto, han convencido de ello a sus votantes.

Según la vicepresidenta Carmen Calvo, el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Gobierno y las autonomías, podrá acordar el cierre perimetral de determinados territorios si se disparan los contagios vacunación. También ha admitido Calvo que “salvo inmovilizar a los ciudadanos en sus casas”, una medida que incluye los toques de queda, se puede hacer “casi todo” con la legislación ordinaria. Lo que no han acabado de explicar Calvo ni el Gobierno es dónde diablos está el problema para prolongar el estado de alarma.

Desde Feijóo a Urkullu, pasando por Moreno, Igea o García Page, los argumentos que las autonomías están esgrimiendo son todos ellos bastante razonables, pero muy especialmente lo es el que hace referencia a un limbo jurídico que generaría no poca incertidumbre al dejar las decisiones políticas en manos de los jueces en cada territorio. El mantenimiento del toque de queda y las limitaciones a la movilidad, herramientas clave en la contención de la pandemia, pueden ser tumbadas por la justicia al no estar amparadas en el estado de alarma.

Los presidentes autonómicos están ganando esta batalla ante la opinión pública por una razón: porque a ellos sí se les entiende, mientras que al Gobierno de España no. No es preciso ser un experto ni en leyes ni en pandemias para advertir que en la prórroga del estado de alarma todo son ventajas, mientras que en su suspensión todo son inconvenientes. La prórroga aporta claridad y reglas de juego nítidas, mientras que la supresión genera incertidumbre y confusión.

No sabemos si los gobiernos autonómicos tendrán problemas para gestionar la pandemia tras el 9 de mayo, ya sin estado de alarma, pero sí es seguro que más de uno y más de dos estarán deseando tenerlos, para así cargarse de razón y confirmar que sus temores estaban bien fundados y sus reproches al Gobierno de España también.