El punto 4.5 del paquete de regeneración democrática y lucha contra la corrupción firmado por PP y Cs dentro de su acuerdo programático para gobernar la Junta de Andalucía dice así: "Estableceremos unas tablas salariales que ordenen y socialicen las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta. Todos cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la Nación, sin que puedan superar las que se prevean para estos últimos".

Dos interpretaciones

Para el Partido Socialista, que está haciendo con el asunto todo el ruido político que le es posible, la interpretación de este punto está muy clara: PP y Cs pretenden equiparar los salarios de los altos cargos de la Junta de Andalucía con los que perciben sus homólogos del Gobierno de la nación, que en muchos casos superan a los andaluces en un 50 por ciento.

En cambio, para fuentes del PP y Cs citadas por distintos medios lo único que pretende ese punto del acuerdo de regeneración política es acabar con la supuesta maraña de pluses y complementos salariales que perciben determinados directivos.

La manera más efectiva de racionalizar la situación, entienden ambos partidos, es referenciando sus salarios a los percibidos por sus homólogos del Estado. No obstante, la redacción del punto es lo bastante imprecisa como para prestarse a diferentes interpretaciones: el PSOE se queda con la peor y PP y Cs se apuntan a la más inocua.

En todo caso, el texto sí explicita que los sueldos de los cargos andaluces no podrán "superar" a los del Gobierno, lo que a su vez autoriza a colegir legítimamente que sí podrán igualarlos, lo cual entrañaría, en efecto, fuertes subidas que el PSOE cifra hasta en un 50 por ciento.

Lo que dice (y no dice) el acuerdo

Aunque el acuerdo se hizo público la víspera de Nochebuena y ningún dirigente de los partidos firmantes ha comparecido públicamente aún para explicar los detalles del mismo, la versión con la que PP y Cs intentan contrarrestar la interpretación socialista es que en ningún caso habrá equiparación salarial de los altos cargos de la Junta con los de Gobierno central.

La controversia proviene de que ese compromiso verbal de no subirse los sueldos no aparece en el acuerdo firmado, y eso que habría sido bastante sencillo despejar dudas: habría bastado con que el texto acordado dijera lo que sus promotores están diciendo que dice (pero realmente no dice).

Dos organigramas

Aun así, la traslación de organigramas resulta confusa a efectos salariales, ya que en el Gobierno de España los secretarios de Estado, subsecretarios o directores generales, por ejemplo, perciben el muy discrecional complemento de productividad, que eleva sus sueldos muy por encima del que cobran sus superiores jerárquicos, que son el presidente o los ministros.

Los únicos salarios autonómicos que siempre han estado políticamente referenciados de forma explícita a los del Estado son los de presidente de la Junta y consejero, paralelos a los de presidente del Gobierno y ministro. El presidente del Gobierno gana 79.756 euros frente a los 66.230 que gana la presidenta de la Junta, y el sueldo de un ministro es de 78.430 euros, mientras que el de un consejero es de 65.184.

La Junta de Andalucía también aplica el complemento de productividad, pero no a los altos cargos directamente políticos, como consejeros, viceconsejeros o directores generales de la Administración, sino a directivos de empresas públicas, consorcios u hospitales, cuyos sueldos también son en muchos casos muy superiores a los de sus jefes políticos.

Populismo salarial

Para el Gobierno andaluz han venido siendo un quebradero de cabeza los salarios de los altos cargos desde que en junio de 2012, en plena crisis y recién estrenada la coalición de PSOE e IU, el Consejo presidido entonces por José Antonio Griñán decidió que, excluyendo la antigüedad, el sueldo público más alto sería el de presidente y ningún alto cargo ni directivo del sector público andaluz cobraría más que un viceconsejero, cuyo sueldo entonces era de 59.554 euros.

A ello había que sumar que el presidente y los consejeros habían sufrido desde 2009 una merma retributiva del 20 por ciento. De hecho, Andalucía está en los puestos últimos en materia de sueldos de sus altos cargos.

Una medida impopular

No es, por tanto, descabellado suponer que PP y Cs tengan el propósito sacar a Andalucía de ese furgón de cola salarial donde se agolpan los altos cargos de la Junta, aunque prefieran ocultarlo: ponerlo negro sobre blanco en el texto acordado les acarrearía un aluvión de reproches y arruinaría mediáticamente el pacto. Ambos tenían, pues, buenos motivos para la imprecisión y la ambigüedad.

Por lo demás, el problema de ponerse tan estupendo por parte del Gobierno de Griñán estaba servido. Baste recordar que el director general de la RTVA cobraba alrededor de 125.000 euros o que la nómina de bastantes trabajadores de la plantilla de Canal Sur superaba con creces a la del presidente de la Junta, por lo que, de aplicarse tal cual la restricción salarial, pasarían a cobrar mucho más que su director general, en ese momento Pablo Carrasco, que abandonaría pronto su cargo.

El caso SAS

Un informe de la Cámara de Cuentas de 2017 evidenció los problemas que conllevaba el populismo salarial del Gobierno andaluz: los gestores en los hospitales públicos del SAS cobraron en 2013 en incentivos y productividad 2,1 millones que la Cámara de Cuentas estimó que debían ser devueltos porque excedían con creces los límites retributivos establecidos por el Gobierno andaluz el año anterior.

En realidad, venían cobrando incentivos similares desde hacía años, pero entonces no existía el acuerdo del Consejo de Gobierno de restricción salarial de altos cargos.

Lo llamativo del caso es que lo que para la Cámara de Cuentas era una irregularidad que obligaba al reintegro de esa cantidad, para la Intervención General de la Junta sí estaba ajustado a derecho al entender que del límite aprobado por el Gobierno había que excluir  “conceptos como la antigüedad o el complemento de carrera profesional, complementos variables, legales y asociados a la trayectoria de los profesionales", según se apresuraba a informar la Consejería de Salud.

Para la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, la disparidad de criterio entre el SAS y la Intervención, por una parte, y la Cámara de Cuentas, por otra, se debió a que, aunque la categoría de estos profesionales hospitalarios era la de jefe de servicio, en el organigrama de los hospitales figuraban como 'directores de unidades de gestión clínica' o 'directores de área de gestión integrada', lo que inducía a pensar que se trataba de cargos públicos.