Es el día 1 en el gobierno 2.0 de la mayoría absoluta de Moreno Bonilla y la sala de máquinas del gobierno de la comunidad más poblada de España mira más que nunca hacia Cataluña. Moreno Bonilla acaba de remover el avispero recolocando y nombrando a nuevos rostros para sus consejerías más desgastadas en el ecuador de su segundo mandato.
La nueva portavoz del ejecutivo andaluz es Carolina España, hasta ahora consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. El día de su estreno parecía llovido del cielo, porque marca la que, parece, será la hoja de ruta de los populares en Andalucía: confrontar con Sánchez, más ahora que el cupo catalán es un agravio comparativo.
Carolina España ha dedicado la práctica totalidad de su estreno como portavoz a hablar del pacto del PSOE catalán con ERC. Ha hablado más del independentismo catalán que de los problemas en educación o sanitarios. A propósito de los nuevos nombramientos en el gobierno andaluz, cada vez que se le ha cuestionado por las motivaciones o errores que han provocado los cambios en las consejerías más turbulentas -educación y sanidad- se ha zafado con un donde manda patrón no manda marinero, recordando que la designación de los consejeros es una de las “competencias exclusivas” del presidente de la Comunidad Autónoma.
Pero tampoco ha habido explicaciones desde presidencia. Los andaluces se almorzaron los cambios en las consejerías anunciados por Moreno Bonilla en un vídeo al estilo plasma-Rajoiano, sin oportunidad para la prensa ni ningún tipo de alocución.
Recursos judiciales contra los que rompen España
En el momento de su intervención, la flamante portavoz aseguró que solo conocía del pacto lo publicado en los medios tras las declaraciones de la portavoz de ERC como única fuente. Sin embargo, esa falta de información no fue óbice para que España definiera el pacto como un “atentado contra España”, “la ruptura de la lealtad institucional” que tendrá “efectos catastróficos”, entendiendo la negociación como un “primer paso para la independencia total” de Cataluña.
Anunció que la Junta, por un lado, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez por su “inactividad” ante el mandato de convocar la Conferencia de Presidentes Autonómicos; "es una obligación legal y son ya más de dos años sin convocarla cuando debe de reunirse al menos dos veces al año", asegura España.
Desde su creación en 2004, la Conferencia de Presidentes ha celebrado 26 reuniones. En 2022, al abrigo de las necesidades de la pandemia se doblaron las reuniones mínimas a dos por año. También se especificó en el nuevo Reglamento que la Conferencia sería convocada por el Presidente del Gobierno o a petición del Órgano permanente o de 10 Presidentes de comunidades autónomas. En estos momentos, al PP le dan los números para exigir a Sánchez que se siente.
La otra causa judicial contra Sánchez de la Junta de Andalucía será también un recurso de incostitucionalidad contra la Ley de Amnistía. La Junta ya ha pasado el trámite de aprobación de su Consejo Consultivo y la iniciativa ya están en la mesa del Gabinete Jurídico de San Telmo. “La Ley -de Amnistía- adolece de vicios de incostitucionalidad”, ha dicho España, señalando al artículo 66.1, así como la afección a otros principios constitucionales como el de separación de poderes, igualdad o de seguridad jurídica.
Andaluces, ni más ni menos que nadie
La Constitución de 1978 ha estado presente en la sala de Prensa posterior al último Consejo de Gobierno que, sin embargo, tenía aire de inicio de curso por las nuevas caras y responsabilidades designadas por Moreno Bonilla. La Carta Magna ha sido evocada por Carolina España en varias ocasiones, señalando los artículos y principios que quebraría el cupo catalán.
Los principios de unidad de España, de igualdad de todos los ciudadanos, la solidaridad interterritorial y la cohesión social se ven interpelados, denuncian los populares, por el acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de Cataluña. La también consejera de Hacienda ha recordado el agravio comparativo que este cupo supone con Andalucía, “por encima de todo, nos faltan 1.409 millones de financiación estatal cada año desde 2009”, parafraseando a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando ocupaba su mismo cargo hace más de una década.
Moreno Bonilla, tras escaquearse de dar explicaciones por los cambios de bancas en su gobierno en una alocución presidencial leída a cámara sin preguntas para la prensa, sí reapareció para definir la investidura de Illa como un “mazazo a la esencia de Estado que tenemos en España”, afirmando que el PSOE “se comporta como un partido independentista más”, erigiéndose como defensor del interés de los españoles.
Los populares tienen balas de sobra para atacar a Moncloa en el sur de España. Andalucía es un sospechoso o víctima habitual cuando hablamos de infrafinanciación. El Estatuto de Autonomía andaluz nació de la mano del “no somos más que nadie, pero tampoco menos”. Todos los políticos andaluces han blandido esa frase en algún momento.
El PP evocaba al propio Rafael Escudero, primer presidente de la Junta de Andalucía, que ha dicho que Andalucía “deberá reclamar literalmente el mismo tratamiento fiscal concedido a Cataluña. Caso contrario, estaríamos banalizando la lucha del pueblo andaluz aquel 28 F, por no ser más que nadie, pero tampoco menos.”
En la mañana de este día 30, el secretario general de los andaluces y portavoz en el Senado, el sevillano Juan Espadas, transitaba la delgada línea de hacer frente a la prensa en el Parlamento andaluz, “voy a analizar en ese acuerdo que los intereses de Andalucía se preserven sobre el interés general… y el interés general es el interés de todos los territorios de España y por tanto el interés de Andalucía”.
En los pasillos del politiqueo andaluz hay resignación, conscientes de que los intereses y agendas nacionales y nacionalistas inundarán el verano, “los temas económicos vuelven en agosto”, concluía Carolina España en su presentación como Portavoz de la Junta.
