Moreno Bonilla prometió el oro y el moro a los funcionarios en campaña con el objetivo de poder llegar a la Presidencia de la Junta de Andalucía, pero luego se olvidó absolutamente de todas esas promesas.

Prometió incrementar el personal sanitario y docente, pero nada más lejos de la realidad. No solo no lo ha hecho, sino que las bajas no las ha cubierto en gran parte, lo que ha provocado que aumente la carga laboral para estos trabajadores. Cabe recordar también que al personal sanitario les debe aún parte del complemento de productividad desde 2019.

Esta semana hemos conocido nuevas informaciones que dejan claro que la gestión del Presidente andaluz hacia los funcionarios deja bastante que desear.

A Moreno Bonilla se le ocurrió la brillante de idea de implantar un sistema de contrataciones exprés. Con este sistema primero contrató a los vigilantes de la playa, y después estableció así convocatorias de informáticos, administrativos, arquitectos, prevencionistas de riesgos laborales, conservadores de museo, técnicos de pesca o ingenieros.

Estas convocatorias representaban un auténtico atropello, ya que excluían la posibilidad de poder optar a embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, mayores de 60 años y crónicos de una amplísima tipología de enfermedades, de diabetes a cáncer.

Además se fijaba en 24 horas el plazo máximo para presentarse y la selección era por estricto orden de llegada. Este era el único mérito que se pedía. Mandar el primero un mail. Y así se hacía con un puesto en la administración como funcionario interino.

Un sistema poco o nada transparente. El Gobierno andaluz no se cortó lo más mínimo en vulnerar el derecho de igualdad ante la Ley, ni los principios de mérito y capacidad. ¡Vamos, una auténtica barbaridad!

Los contratos exprés se han empleado para contratar a casi 4.500 andaluces en estos dos años. Es vergonzoso que mientras había jóvenes andaluces estudiando miles de horas para obtener una plaza, otros conseguían ser funcionarios con un correo en 24 horas. Unos solo tenían que mandar un mail, mientras a miles de andaluces les estaba costando mucho dinero, trabajo y esfuerzo el poder acceder a un empleo en la Administración.

Por ello la Junta de Andalucía está recibiendo un varapalo judicial tras otro. Esta misma semana la Justicia ha anulado otros 3 procesos de selección de funcionarios interinos, lo que representa 1.000 nombramientos exprés anulados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dejado claro que no todo vale y ha anulado los “contratos exprés” de funcionarios de la Junta. Afirma que la “excepcional situación que vivimos” no puede llevar “la absoluta supresión” de los derechos constitucionales y de los derechos fundamentales. Entre ellos, los de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública.

Las críticas del TSJA se centran en que las plazas fuesen adjudicadas “por riguroso orden de entrada” en una determinada dirección de correo electrónico, pues “la convocatoria impugnada contiene incluso una mención añadida a que no resulta necesario aportar currículum vitae  ni ninguna otra documentación “.

Y apunta que se vulneró “de forma evidente, notoria e incluso grosera el derecho a acceder a la función pública”.

¿Esta era la transparencia de la que Moreno Bonilla hablaba para los funcionarios en Andalucía? ¿Esto era lo de la igualdad de oportunidades? ¿Esto era lo del mérito y la capacidad?

Pero esta semana Moreno Bonilla se ha superado. Ahora se le ha ocurrido espiar a los funcionarios. La Junta de Andalucía ha planteado usar inteligencia artificial para recopilar comentarios de funcionarios en redes y medios en lo que se conoce como “Genoma del funcionario”.

Los sindicatos se han opuesto desde el primer minuto a la idea. Es un "atentado gravísimo", propio del "Gran Hermano" aseguran, afectando al derecho a la intimidad de las personas y alterando también el acceso igualitario a la función pública.

Con Moreno Bonilla se acaba la libertad de expresión en Andalucía. Todo aquello que tengan puesto los funcionarios en sus perfiles públicos podrá ser utilizado para poderle dar el puesto de trabajo al que van a acceder. Todos sus comentarios en redes sociales, fotos en Instagram, perfil profesional en Linkedin... todo sería susceptible de ser rastreado por la Junta. Un auténtico régimen totalitario.

No está acertado el Gobierno de Moreno Bonilla con los funcionarios. No puede ir en contra de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Tampoco pueden tratar de atentar contra su libertad. El Presidente andaluz ya lleva más de la mitad de la legislatura, pero los funcionarios tienen poco que agradecerle.

Miguel Ángel Heredia Díaz
Senador del PSOE por Málaga