¿Esta vez sí será inevitable? Nada parece que vaya a impedir el ingreso en prisión de la mujer sevillana condenada a nueve meses de cárcel por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de ésta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel por malos tratos aunque nunca llegó a pisar esa misma cárcel que espera dentro de 15 días a María Salmerón.

15 días es el plazo dado ayer por el Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla para que Salmerón ingrese “voluntariamente” en prisión. Este es el segundo plazo de dos semanas que le ha dado la justicia después de que el Gobierno central denegase su petición de un nuevo indulto.

Puede que la justicia al enviarla a prisión y el Gobierno al indultarla tengan ambos buenas razones para ello, pero para el ciudadano de a pie resulta muy difícil de entender. La situación de Salmerón dura ya 20 años, cuando decidió separarse de su marido maltratador y, atendiendo a la voluntad de su hija Miriam, optó por incumplir la custodia compartida con el progenitor.

“Él siempre ha querido verme en la cárcel”, dice una y otra vez Salmerón de su exmarido. “Si la hubiera entregado”, declaraba esta semana Salmerón, “igual ahora estaríamos hablando no de mi prisión sino de otra cosa”, aludiendo al riesgo de que la niña sufriera violencia vicaria por parte de su padre para así hacerle el mayor daño posible a su madre.

Miriam, que ya es mayor de edad y estudia en Irlanda, también ha declarado estos días en diversos medios que no entiende cómo la justicia puede enviar a la cárcel a su madre, que lo único que ha hecho durante toda su vida ha sido protegerla. ”El PSOE nos ha traicionado a mí y a mi hija", repetía ayer Salmerón ante los juzgados de Sevilla.

Se da además la circunstancia de que si los hechos por los que se condena a Salmerón hubieran sucedido ahora, no merecerían reproche judicial porque la ley ya prohíbe que un padre maltratador pueda compartir la custodia de sus hijos.

Por imperativo legal

Su abogado, José Estanislao Naranjo, se propone impugnar ante el Tribunal Supremo la denegación de la nueva petición de indulto. A la pregunta de por qué el Gobierno de España le ha negado el indulto respondía recientemente la ministra de Justicia, Pilar Llop, jueza de profesión: la petición le fue denegada por "imperativo legal", pues no la ley no deja "margen" para autorizarlo al no haberlo recomendado así el tribunal sentenciador.

En concreto, en un auto de fecha 28 de enero de 2021 el juzgado daba cuenta de que ante la petición de la representación de María Salmerón de suspender la ejecución de su condena a nueve meses de prisión impuesta en junio de 2019 por esta instancia judicial, tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a dicha medida.

Razonaba el juzgado que si bien Salmerón "ha sido condenada en varias ocasiones", lo cierto es que "nunca ha entrado en prisión", ya sea por la concesión de indultos o por la prescripción de los hechos sancionados, con lo que esta condena del Juzgado de lo Penal número seis a nueve meses de cárcel por desobediencia y otra más del Juzgado de lo Penal número uno serían "las únicas" que pesan a todos los efectos sobre Salmerón.

Consideraba el Juzgado de lo Penal número seis que "la concesión de otros indultos" a Salmerón, aunque el último fuese declarado nulo por el Tribunal Supremo, conducía a resolver que "lo más prudente" era entonces suspender la efectividad de la mencionada condena a nueve meses de cárcel hasta que fuese resuelta la solicitud de Salmerón respecto a un nuevo indulto, con su aceptación o "denegación".

Un proceso eterno

Pero en una providencia posterior de fecha 29 de marzo recogida por Europa Press, el Juzgado de lo Penal número seis indicaba que aquella petición de indulto fue formalizada el 9 de febrero de 2021, toda vez que "la última documentación" solicitada con relación al asunto se remonta al 26 de marzo de aquel año y la regulación estipula que "transcurrido el plazo de un año, debe entenderse desestimada la solicitud de indulto".

Es por eso que el juzgado requería a María Salmerón para "el ingreso en prisión a fin de cumplir la pena" impuesta, con un plazo de 15 días para ello desde la notificación de dicha decisión, pesando posteriormente la decisión del Gobierno central de denegar ya de manera expresa su petición de nuevo indulto.

Por su parte, la defensa de Salmerón ha expuesto que también se prevé solicitar "un nuevo indulto", acreditando el pago "completo" de la indemnización incluida en la condena en cuestión, para después "solicitar la suspensión de la pena" de cárcel hasta que se resuelva la nueva petición de indulto, aunque ha admitido que "no es habitual" que se conceda una segunda suspensión de la pena de cárcel.

En cualquier caso, el abogado ha esgrimido que los hechos objeto de esta condena se remontan a "nueve o diez años" atrás y que María Salmerón lleva actualmente una vida plenamente "normalizada" y ha abonado la responsabilidad civil impuesta.