El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha anunciado que intensificará su labor de oposición con un “marcaje total y absoluto” al gobierno de Juanma Moreno Bonilla, especialmente en lo que respecta a la gestión de la sanidad pública y el presunto desvío de fondos hacia el sector privado. La portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha denunciado que la reciente destitución de la cúpula de la Intervención General de la Junta responde a un intento de silenciar a quienes han puesto en evidencia estas prácticas.

Férriz ha solicitado la comparecencia en el pleno de la consejera de Hacienda para que explique las razones detrás de los ceses. “No vamos a parar hasta que den explicaciones”, ha afirmado, subrayando la gravedad del asunto. Según la portavoz socialista, la destitución de media docena de interventores se debe a que estos habrían descubierto y alertado sobre la derivación de fondos públicos a la sanidad privada sin los controles adecuados. “Es un escándalo político que demuestra cómo el PP gestiona la sanidad en Andalucía”, ha añadido.

Ceses y contratos irregulares

El cese de los interventores coincide con la prórroga de contratos irregulares en la sanidad privada, una situación que, según el PSOE, está dejando sin atención de calidad a la sanidad pública. En este contexto, Férriz ha recordado que tres gerentes sanitarios están imputados y que los jueces han solicitado información sobre las decisiones tomadas en los consejos de gobierno. “Como a Trump, al PP y a Moreno Bonilla les molestan los testigos incómodos”, ha denunciado, asegurando que su grupo seguirá exigiendo respuestas ante lo que considera una purga política.

La gestión de la sanidad no es la única crítica de los socialistas al gobierno autonómico. Férriz ha reprochado a Moreno Bonilla su “obsesión” con la ministra de Hacienda y exconsejera andaluza, María Jesús Montero, en lugar de centrarse en problemas como la revalorización de las pensiones, la dependencia o el acceso a la vivienda para los jóvenes.

Denuncias por dependencia y educación

Uno de los aspectos que el PSOE considera más preocupantes es la situación de la dependencia en Andalucía. Según Férriz, los mayores tardan hasta 600 días en recibir ayudas, lo que provoca que cada dos horas fallezca una persona sin haber accedido a la asistencia que le correspondía. “Es un dato demoledor, y el presidente de la Junta debería estar preocupado por esto, no por atacar a la secretaria general del PSOE-A”, ha enfatizado.

El PSOE también ha puesto el foco en el “desprecio” del Gobierno andaluz hacia las familias de niños con necesidades especiales. La portavoz ha reclamado el cese del delegado provincial de Educación por la forma en que ha tratado a estas familias. “Se han traspasado todos los límites y es inaceptable”, ha declarado.

Un plan de choque para la vivienda anunciado en Madrid

Otro de los reproches del PSOE a Moreno Bonilla ha sido su reciente viaje a Madrid para anunciar allí un plan de choque en materia de vivienda para Andalucía. Para Férriz, este tipo de iniciativas responden a estrategias de imagen que no se traducen en mejoras reales. “Es el presidente de los planes de choque que explotan en la cara de los andaluces”, ha afirmado.

En materia sanitaria, la portavoz socialista ha denunciado la fuga de profesionales debido a la precariedad y la falta de incentivos. “No los retienen porque están empeñados en que se vayan. El éxito de Moreno Bonilla es que enfermeros, enfermeras, médicos y médicas abandonen la sanidad pública, dejando el camino libre para el trasvase de dinero a la privada”, ha asegurado.

Moreno Bonilla y su nueva posición en Europa

A pesar de estas críticas, Férriz ha garantizado que el PSOE apoyará cualquier iniciativa que beneficie a Andalucía en el Comité de las Regiones, organismo que Moreno Bonilla presidirá próximamente. No obstante, ha recordado que el PP pasó décadas cuestionando la utilidad del comité cuando los presidentes eran socialistas.

Finalmente, Férriz ha criticado el rechazo del PP a la entrega a cuenta de 1.828 millones de euros para Andalucía y 200 millones para los ayuntamientos. “No les interesa porque esos fondos van destinados a la sanidad pública, la educación y la dependencia, sectores que llevan años intentando debilitar”, ha concluido.

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