En plena tormenta judicial por los contratos menores del SAS, el presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Cardenete, ha decidido ausentarse del Parlamento andaluz. Este jueves estaba citado para rendir cuentas sobre la gestión de ayudas y contratos adjudicados bajo el Gobierno de Moreno Bonilla, pero optó por el silencio. Para el PSOE, su “fuga” confirma lo que temen: que Cardenete conoce al detalle un entramado de adjudicaciones que ahora investiga la Justicia.
La comparecencia de Cardenete en la Comisión de Turismo y Andalucía Exterior había generado una gran expectación. No era una cita más. Estaba convocado para aclarar el informe de fiscalización de las subvenciones concedidas a establecimientos hoteleros afectados por la Covid entre 2021 y 2023. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Cuentas, que fuera consejero del Gobierno de Moreno Bonilla, dejó la silla vacía y delegó en la consejera Sandra Garrido, quien justificó la incomparecencia asegurando que Cardenete “se había abstenido” en el informe debatido.
La explicación fue calificada de “ridícula y vergonzosa” por el PSOE, que acusó directamente a Cardenete de eludir sus obligaciones y a Moreno Bonilla de amparar una estrategia de opacidad. “Los andaluces y las andaluzas merecen conocer la verdad, no un Gobierno regional que les mienta y que utilice las instituciones democráticas de manera torticera para eludir controles”, denunciaron desde el grupo socialista.
La ausencia no es un hecho aislado. El PP ha vetado la comparecencia de Cardenete en dos ocasiones en la Comisión de Hacienda, donde debía dar explicaciones sobre un asunto aún más delicado: la paralización de la fiscalización de los contratos menores adjudicados sin concurso público por el Gobierno andaluz en 2022 y 2023. La oposición denuncia que Cardenete, que era consejero en ese periodo, bloqueó deliberadamente el control de estos contratos, muchos de ellos adjudicados a dedo.
Los socialistas advierten de que, si el presidente de la Cámara de Cuentas no quiere responder en el Parlamento, “quizá tenga que hacerlo ante un juez”. En sus palabras planea la sombra de un posible delito de prevaricación por paralizar el control de adjudicaciones que, según recalcan, afectan a centenares de millones de euros en gasto público.
Los contratos menores del SAS: el foco de la tormenta
Buena parte de la atención se centra en los contratos menores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que están siendo investigados por la Justicia. Un juzgado de Cádiz ha admitido a trámite una querella por presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental relacionados con el fraccionamiento de contratos sanitarios durante 2021. Según los informes de la Intervención General, el SAS habría adjudicado contratos por valor de 1.223 millones de euros ese año, de los cuales el 92% se otorgaron sin publicidad ni concurrencia, troceados en partidas menores para esquivar los controles previstos en la ley.
Las irregularidades no se limitaron a los momentos más críticos de la pandemia. La mayoría de los contratos fraccionados se realizaron cuando ya había expirado el marco legal de emergencia sanitaria, lo que, para la oposición, agrava la gravedad de los hechos. El entonces director económico del SAS, Demetrio González, figura como principal señalado en la causa, aunque los partidos de la oposición apuntan a un modelo generalizado de gestión opaca que, consideran, se gestó en el entorno directo de Moreno Bonilla.
El escándalo ha llevado a la Junta de Andalucía a personarse como perjudicada en el procedimiento judicial. Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que los hechos serán esclarecidos por los tribunales y que los contratos menores se ajustaron a derecho. Sin embargo, el traslado de las competencias de control financiero desde la Intervención del SAS a la Intervención General, decidido recientemente, ha sido interpretado por la oposición como un intento de limitar la transparencia y de evitar el envío de documentación a los juzgados.
Un silencio que compromete a Moreno Bonilla
El silencio de Cardenete no es interpretado por la oposición como un acto aislado, sino como un síntoma de un modelo de gestión bajo sospecha. Moreno Bonilla se ve cada vez más señalado como responsable político último de una cadena de decisiones que han derivado en opacidad y en una investigación judicial de grandes proporciones. El presidente andaluz, que ha insistido en defender la legalidad de la actuación de su Gobierno, ve cómo el caso se acerca peligrosamente a su entorno más cercano.
Por ahora, la respuesta de la Junta se limita a señalar que “los tribunales determinarán las responsabilidades” y que las acusaciones son “maniobras políticas” de la oposición. Sin embargo, el malestar crece y las peticiones de comparecencia de Moreno Bonilla para dar explicaciones en sede parlamentaria empiezan a tomar fuerza.
La situación deja un escenario político en ebullición. El Parlamento andaluz afronta un otoño caliente, con la amenaza de nuevas comisiones de investigación y el avance de un caso judicial que podría marcar el mandato de Moreno Bonilla. Mientras tanto, el PSOE y otros partidos insisten: “Los andaluces merecen conocer la verdad”. Una verdad que, de momento, sigue atrapada entre silencios, vetos y procesos judiciales que avanzan lentamente.
