En materia de incompatibilidades de los diputados andaluces, la letra de la ley es muy explícita, pero la interpretación que en ocasiones hacen de ella sus señorías puede llegar a ser bastante sinuosa.
Según la Ley Electoral de Andalucía, “el mandato de los Diputados del Parlamento de Andalucía se ejercerá en régimen de dedicación absoluta, y será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”.
No hay que ser catedrático de Derecho para entender rectamente el párrafo, aunque basta necesitar los votos de un determinado grupo parlamentario para retorcer el sentido del mismo permitiendo, por ejemplo, al diputado de Vox Francisco Serrano compatibilizar su trabajo de parlamentario con su bufete de abogado.
Es lo que ocurrió en marzo pasado, cuando la Comisión del Estatuto de los Diputados autorizó –con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox y los votos en contra del PSOE y Adelante Andalucía– que el diputado ultra pudiera seguir atendiendo asuntos de su despacho de abogados, donde posee participaciones por valor de 62.252 euros. Como se sabe, los votos de Vox son imprescindibles para garantizar la continuidad del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos.
Fuera de juego
Desde que le fue autorizada la compatibilidad, la actividad parlamentaria del candidato a la Presidencia de la Junta y hasta entonces portavoz del grupo se redujo sensiblemente. De hecho, la cara pública de Vox en la Cámara autonómica es desde entonces Alejandro Hernández, precisamente el mismo diputado que la semana pasada desautorizaba públicamente a Serrano por sus exabruptos en relación a la sentencia del Supremo sobre los violadores de La Manada.
La desautorización de Serrano corría pareja con la baja médica que este se tomó desde ese mismo día y, de entrada, por el plazo de un mes: un periodo que acaba justamente cuando comienza el mes de vacaciones de agosto.
Formalmente, Serrano sigue siendo diputado de Vox, pero materialmente está con un pie fuera del partido y del Parlamento, donde cobra algo más de 3.000 euros netos al mes. El diputado no percibe honorarios por su trabajo en el bufete, pero, en opinión de la izquierda, el Parlamento le sirve de caja de resonancia y publicidad gratuita para su bufete, especializado en derecho de familia.
Ocho de doce
La Comisión del Estatuto de los Diputados dio el visto bueno a la compatibilidad de la actividad profesional Serrano y siete parlamentarios más de Vox, además de otros nueve del resto de grupos políticos: cinco de Ciudadanos, dos del PP, uno del PSOE y otro de Adelante Andalucía. Así pues, ocho de los doce diputados de la formación de extrema derecha compaginan su trabajo en el escaño con actividades ajenas a la Cámara.
Aunque en teoría las deliberaciones de la Comisión del Estatuto de los Diputados son secretas, la indignación de los parlamentarios de la izquierda pudo más que su deber de discreción y revelaron el sentido de las votaciones. El portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, llamó a los diputados ultras “jetas que tienen la patria en el bolsillo” y lamentó que la ley fuera tan laxa en lo tocante a la actividad privada y tan severa en lo relativo a la actividad pública.
