El sistema de incompatibilidades de los diputados se cobra la primera baja en el Parlamento de Andalucía. El profesor universitario y diputado de Adelante Andalucía por Córdoba David Moscoso devolverá su acta la semana que viene si la Cámara no reconsidera su negativa a mantener su escaño y seguir dando clases, aunque cobrando únicamente de la universidad.
La incompatibilidad de Moscoso contrasta con la compatibilidad del acta de 16 diputados, entre ellos el de Vox Francisco Serrano, con su actividad privada en empresas o bufetes de abogados. La de Moscoso es la única petición rechazada al ser su destino de profesor un empleo público y no privado.
El no de la izquierda
Aunque las deliberaciones y el resultado exacto de las votaciones en la Comisión del Estatuto son secretas, ha trascendido que el PSOE y Adelante Andalucía rechazaron varias de las propuestas de incompatibilidad, que pudieron salir adelante merced al voto conjunto de PP, Ciudadanos y Vox.
Por boca de su portavoz Mario Jiménez, los socialistas se mostraron muy críticos con el criterio de incompatibilidad aplicado por la Cámara: “Quien cobra del Parlamento debe tener dedicación absoluta, no entramos en otras consideraciones”.
Según declaraciones del todavía diputado Moscoso a Europa Press, "ha habido otros parlamentarios que, siendo profesores de universidad y en la misma situación que en la mía, ya se les concedió en legislaturas pasadas la compatibilidad, y es más, a otro de los diputados que habían solicitado la compatibilidad para impartir clases en la universidad, en este caso de Ciudadanos, sí se la ha concedido (…) parece ser que la Comisión no ve incompatibilidad ni conflicto de intereses en que el consejero de Educación, Javier Imbroda, continúe al mando de sus empresas privadas de formación profesional, cuándo él tiene las competencias en materia de gestión de la educación pública en Andalucía".
El caso Serrano
No menos crítico con la decisión de la Comisión era el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, para quien la ley electoral andaluza tiene “un agujero porque permite el uso por de cargos públicos como propaganda de actividades profesionales privadas”, en alusión al caso de Francisco Serrano.
El presidente del grupo de Voz ha sido, como se sabe, autorizado por el Parlamento a mantener la vinculación con su bufete Serrano Abogados, especializado en asuntos de derecho de familia que el diputado por Sevilla ha situado en el centro del debate parlamentario. Un ejemplo: la petición de Vox al Gobierno andaluz para que le facilite la filiación profesional y categoría laboral de los empleados de la Junta que evalúan casos de violencia de género o maltrato infantil.
'Patriotas del taco'
El líder de IU llamó también “jetas” a los diputados de Vox, lo que a su vez desencadenó la ira de Serrano, quien en su cuenta de Twitter describió rencorosamente a Maíllo como “planchabragas del feminismo subvencionado” y “progre millonario, el candidato a la Junta más acaudalado y uno de los que más patrimonio posee”.
Maíllo lamentó la reacción "dolida" e "irrespetuosa" del presidente del grupo parlamentario de Vox porque "queramos acabar con el chollo que se traían entre manos de forrarse a costa de ser cargo público (…) no vamos a consentir que utilice esta la institución pública para hacer publicidad de su empresa mientras se embolsa lo correspondiente por ser parlamentario. Son –añadía– patriotas del taco que vienen a escandalizar mientras se lo llevan calentito y nos quitan lo mejor que tenemos: nuestros servicios públicos, nuestros derechos y nuestra autonomía".
