Fracasaron en un primer intento, pero esperan triunfar en el segundo. El grupo parlamentario de Vox ha retocado su petición inicial de conocer la identidad de los trabajadores de la Junta destinados a la lucha contra la violencia de género, para así salvar las contraindicaciones legales de su petición, que vulneraba la Ley de Protección de Datos.
El retoque es a su vez una ampliación: por una parte, ya no pedirán al Gobierno “una relación detallada de nombres y apellidos” de trabajadores sociales o psicólogos que trabajan en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, aunque sí su perfil laboral y el número del colegio profesional al que pertenecen; por otra parte, Vox extiende su petición a los equipos autonómicos que evalúan casos de maltrato y abuso sexual, conectados a su vez con conflictos de tutela de menores.
De todos ellos Vox ya no quiere saber su identidad porque los letrados del Parlamento advirtieron de la ilegalidad de la petición, pero sí su estatus laboral –funcionario, interino, contratado–, su formación académica y su colegiación profesional.
Contra el supremacismo
Como se recordará, la tesis central de Vox y de su cabeza de lista Francisco Serrano es que la justicia está dictando sentencias sobre violencia de género –y, a la vista de la ampliación de la 'lista negra', también sobre menores– porque los jueces se basan en informes periciales “no cualificados, altamente ideologizados” e inspirados en el “supremacismo de género”.
Inhabilitado en 2011 por dos años como juez por una condena por prevaricación tras modificar el régimen de visitas de un menor para que pudiera procesionar en la Semana Santa de Sevilla, Francisco Serrano se embarcó desde entonces en una cruzada contra las denuncias falsas y en defensa de “la verdadera mujer maltratada".
Este es precisamente uno de los asuntos en que está especializado su bufete, Serrano Abogados, donde podrá seguir ejerciendo porque así se lo autorizado el Parlamento de Andalucía, al igual que ha hecho con la compatibilidad de otros 17 diputados más.
¿La propaganda es dinero?
Pese a la autorización de compatibilidad por parte del Parlamento, para el portavoz de Adelante Andalucía Antonio Maíllo es escandaloso que “un misógino” utilice su posición de diputado en beneficio propio: “Me gustaría saber –denunciaba ayer el coordinador de IU Andalucía– cuánto cuesta en propaganda cada vez que Serrano dice el bufete que tiene y a lo que se dedica o cómo combina la petición de información en el Parlamento con asuntos relacionados con su actividad profesional”.
Serrano dirigió inicialmente su petición de compatibilidad el pasado 27 de diciembre a la Comisión del Estatuto del Diputado, en un escrito donde trasladaba su “intención de seguir desarrollando, sin percepción de retribución dineraria, la actividad privada de administración de un despacho profesional”, donde había contraído “compromisos antes de ser proclamado diputado electo”.
El bufete
La web de Serrano Abogados informa de que el despacho está especializado, entre otros asuntos, en conflictos de familia, nulidades matrimoniales, mediación o tutela de los hijos.
Inspirado “en los principios y valores que siempre ha defendido y sigue defendiendo su fundador, Francisco Serrano Castro (…) es precisamente la defensa de unos valores hoy en aparente retroceso lo que hace fuerte a Serrano Abogados y consigue para este bufete y, especialmente para nuestros clientes, unos magníficos resultados que nos permite renovar cada día nuestra confianza en la Justicia”.
