Al contrario de lo que, aunque por diferentes razones, les sucede al Popular o a Podemos, Izquierda Unida parece mucho menos obsesionada por la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la comisión de investigación de la formación. No es que la descarte, pero no muestra demasiado interés en ella en estos momentos. La preocupación mayor de IU parece ir más en la línea de esclarecer qué paso y cómo fue posible que pasara lo que pasó. Si hay que llamar a Díaz lo harán, pero de momento en IU están más interesados en los empresarios que recibieron cientos de miles o incluso millones de euros para impartir cursos que tal vez no impartieron y cuyos gastos no justificaron porque la Junta los habría exonerado de hacerlo. El grupo parlamentario de IULV-CA tiene previsto solicitar este martes, en la primera reunión de la comisión de investigación que se ha creado en el Parlamento andaluz para dirimir responsabilidades políticas por el presunto fraude de los cursos de formación, toda la relación de empresas exoneradas y exceptuaciones concedidas por la Junta de Andalucía, y que, al menos, contemple la información de quiénes son los beneficiarios, cuáles eran el objeto del curso y la cuantía de la subvención. En declaraciones a Europa Press, la diputada y representante de la formación de izquierdas en la comisión de investigación, Elena Cortés, ha explicado que su grupo sospecha que hay elementos de conexión entre las empresas exoneradas “que nos podrían llevar a constatar que en realidad se trata de una red de empresarios cazasubvenciones que vivían tranquilos sabiendo que no tendrían que justificar nada”. En tal caso, ¿actuaban así porque había una connivencia explícita y delictiva con autoridades y/o funcionarios de la Administración andaluza o se comportaron así complemente porque vieron en la falta de controles de la Junta una oportunidad para enriquecerse? De la misma manera, IU pedirá la normativa aplicable, protocolos e instrucciones relativas a exoneraciones y exceptuaciones de las subvenciones concedidas a la formación que soportan los criterios por los que se decidían las mismas. Y es que IU estima el fraude de la formación en “uno de cada tres euros subvencionados por la Junta”, un dato que, como ha explicado Cortés, “se deriva del análisis de la última comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, en el Parlamento el 22 de julio”. Asimismo, en el plan de trabajo que IU defenderá en la comisión de investigación, pide que se establezcan al menos dos fases para la solicitud de comparecientes y documentación para que, “en función del discurrir de la comisión, se pueda llamar nuevos comparecientes o hacer que vuelvan a declarar los anteriores”. De esta manera, la formación de izquierdas espera que este método permita establecer “criterios más serios” a la hora de decidir si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tiene que ser llamada o no a declarar en esta comisión, en función de los datos e informaciones que arrojen los comparecientes de la primera ronda. “En este momento no tenemos ninguna evidencia de que Susana Díaz vaya a arrojar luz al asunto que se investiga” y por ello proponen al resto de los grupos “rigor para no convertir la comisión en un circo”