La Justicia continúa cerrando el cerco en torno a la gestión sanitaria del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla durante la pandemia de la Covid-19. Un periodo de urgencia que multiplicó la asignación de contratos menores a dedo a través del procedimiento de emergencia y que, en el caso de la Junta de Andalucía, podría haber propiciado un "fraccionamiento masivo de contratos que supone graves consecuencias para nuestro sistema de salud". La malversación y la prevaricación rondan al Ejecutivo del Partido Popular (PP) y los tribunales siguen avanzando en su investigación.

 El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, en manos de Rosa María García Jover, trabajar para esclarece lo sucedido y denunciado y, para ello, ha citado a declarar a los dos auditores que advirtieron de que el troceo de contratos se estaba yendo de las manos. La cuantía de fondos afectados por esta investigación concreta es de 235 millones de euros, pero no es la única que mantiene señalado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a los que fueran sus principales responsables durante la crisis sanitaria.

Joaquín Pavón Rendón y Antonio Rodríguez Cunill, interventores provinciales del SAS gaditano, prestarán declaración el próximo 2 de abril, tal y como ha adelantado eldiario.es, un día antes de que lo hagan las jefas de servicio, María Jesús Correro y Beatriz Tallón. Las personalidades deberán testificar ante la jueza tras la denuncia interpuesta por Podemos que, junto con los interventores de la Junta fulminados por Moreno Bonilla, denuncian “un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores” a lo largo de todo el año 2021, en favor de empresas que guardaban una estrecha relación con altos cargos.

Los juzgados de Cádiz y Sevilla continúan investigando la gestión sanitaria y posibles delitos relacionados con la corrupción; sin embargo, estos no son los únicos territorios en los que se ha señalado la fragmentación de contrato. Huelva (91 millones), Córdoba (61 millones) y Jaén (70 millones) también han sido señaladas por la formación morada, aunque todavía ninguno de los tribunales ha decidido abrir diligencias, instado los dos últimos a la presentación de querellas, figura descartada por Podemos al entender que no es el procedimiento para denunciar este tipo de prácticas.

Más problemas sanitarios

La sombra de la corrupción no es la única variable que opaca la sanidad andaluza. La gestión de los recursos públicos también ha suscitado críticas por la decadencia del servicio que, entre otras cosas, ha visto como se alargan las listas de espera. Moreno Bonilla prometió lo contrario, pero las cifras oficiales evidencian un gran incremento del número de pacientes que deben esperar para ser atendidos en las consultas especializas o requieren de intervenciones quirúrgicas.

Las asociaciones de pacientes han denunciado que esta situación está teniendo un impacto grave en la salud de las personas, especialmente en casos de enfermedades crónicas o cáncer, donde el tiempo de espera puede ser determinante para el pronóstico. El número de afectados que han sufrido una espera de más de seis meses para ser atendidos, según el último informe anual relativo a 2023, asciende a los 200.000 personas. “Herencia recibida”, ha echado balones fuera la Junta en más de una ocasión.

Sin embargo, una explicación más plausible que los críticos señalan es el recorte de fondos. Si bien los de Moreno Bonilla defienden que el montante total destinado a Sanidad se ha incrementado, a sabiendas de lo tramposo y falsario que es medir la materia presupuestaria en términos absolutos, la realidad es que el porcentaje de presupuesto (incrementado por más fondos del Gobierno central) ha caído.

Esto ha tenido consecuencias y, entre otras cosas, ha provocado el cierre de algunos centros de salud y a la reducción de servicios en zonas rurales, lo que ha dificultado el acceso a la atención médica para miles de personas. Los recortes también han afectado a la plantilla de profesionales sanitarios, que denuncian que existen 5.000 puestos de trabajo vacantes. Una macedonia de recortes y decisiones que está perjudicando gravemente la atención sanitaria pública que reciben los andaluces.