Posibles injerencias de las concejalas populares
El ministerio público abrió esta investigación después de recibir varias denuncias, entre ellas del PSOE y de la Junta de Personal del Ayuntamiento, e informaciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. En su denuncia, la fiscalía cita posibles injerencias de las concejalas populares del Ayuntamiento de Cádiz Mercedes Colombo y Carmen Sánchez.
Presiones políticas
Las sospechas sobre el proceso se hicieron públicas el pasado septiembre cuando el sindicato Autonomía Obrera denunció que la coordinadora de programas municipales de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, Pilar Tubío, había renunciado a su cargo porque se habían recibido presiones políticas para cambiar los criterios en la adjudicación de viviendas sociales de esta promoción.
Denuncia por posible perevaricación
El Ayuntamiento insistió entonces en que la renuncia de Pilar Tubío se debía a cuestiones laborales y que el proceso de adjudicación había seguido la normativa y había sido fiscalizado por la Junta de Andalucía. A raíz de las denuncias sobre el proceso, la fiscalía de Cádiz abrió unas diligencias de investigación penal, que han llevado a la interposición de una denuncia por posible prevaricación ante los juzgados.
"Indicios de prevaricación"
La denuncia se produce después de que la fiscalía haya revisado "exhaustivamente" la actuación de los responsables políticos y técnicos municipales, que han coincidido en sus declaraciones en una descripción de la actuación de los citados cargos políticos municipales que presenta "indicios de prevaricación", según las fuentes.
LOs cargos políticos limitaron la actuación de los técnicos competentes
La prevaricación consistiría en la arbitrariedad proyectada sobre el proceso de selección de solicitantes de la adjudicación de esas viviendas, que, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en más de un 80 por ciento de los casos se dio a casos excepcionales, cuando la normativa estipula que este porcentaje debe ser mucho menor. Los cargos políticos investigados por la fiscalía habrían limitado la actuación de los técnicos competentes, al no permitirles valorar a todos los solicitantes, lo que contradice los principios básicos de un proceso de selección de una administración que deben regirse por criterios como la igualdad de trato, la transparencia y la falta de arbitrariedad.
Piden que "se investigue hasta el final"
Fuentes del caso apuntan que la investigación no ha determinado aún si las viviendas estuvieron bien o mal asignadas, si no que se ha podido cometer un delito de prevaricación en el proceso, al margen de su resultado. Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha pedido en declaraciones a EFE que el caso se investigue "hasta el final" y se depuren las responsabilidades "políticas y penales" en el caso de que se compruebe que han existido irregularidades en el proceso de selección de solicitantes. La APDH no cree que las viviendas hayan sido dadas a gente "que no las necesita", aunque cree que la investigación de la fiscalía ha corroborado las sospechas que esta entidad hizo públicas en su día.
