El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a recibir un toque de atención por parte de las asociaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad en la autonomía. Desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) denuncian que la Consejería de Educación ha eliminado la ayuda que hasta la fecha se prestaba al servicio de ruta y comedor a menores con discapacidad en colegios preferentes de motóricos. Desde el departamento del Ejecutivo madrileño sostienen que no se van a endurecer dichos criterios de desplazamiento.

Así, y en conversaciones con ElPlural.com, el presidente de FAMMA, Javier Font, ha señalado que dicha ayuda económica se ha prestado desde el Gobierno autonómico “desde siempre”, por ello lamenta que la administración de Díaz Ayuso “desconozca” la casuística de las personas con discapacidad y la de sus familias en el día a día. “Es una necesidad, su autonomía es imposible. No se les puede quitar el transporte, hace falta que se regule con una normativa”, ha especificado. 

En concreto, se trata de una cuantía de 1.000 euros aproximados, en la que se contempla el transporte de estos menores y el gasto del comedor escolar. “Es increíble que se hable de conciliación familiar y laboral por parte del gobierno y, por otro lado, sancionar esto con acciones como las descritas”, reiteran desde la federación. En sintonía con estas peticiones, FAMMA ha lanzado una declaración posicionada del lado de las familias que hacen frente a esta situación, tachando de “lamentable” la decisión adoptada. “Con esta medida se les está negando su derecho a la educación obligatoria y lo que es peor, se entorpece su futuro, perjudicando sus derechos y dificultando la igualdad de oportunidades”, señala al respecto el presidente.

A su vez, solicitan a la Consejería de Educación, dirigida por Emilio Viciana, una “reunión de urgencia” para resolver este asunto “con celeridad”. Sumado a esto, reclaman que el Gobierno madrileño debe “garantizar a los menores su desplazamiento” hacia sus respectivos centros educativos especializados. “Solicitamos a la Consejería que rectifique su postura e incluya en normativa la cobertura del servicio de transporte” para estos alumnos. Preguntado por si han recibido respuesta del departamento del Gobierno madrileño, la respuesta es, por el momento, negativa: “Estamos a la espera de que nos reciban. Si no, iremos con las familias a manifestarnos con papeles que lo acrediten”, ha reiterado Font.

Educación sostiene que no se “endurecerán” los criterios establecidos

En paralelo, y también en conversaciones con este periódico, desde la consejería del Gobierno de Díaz Ayuso insisten en que "no se van a endurecer los criterios para que los alumnos con discapacidad física escolarizados en centros públicos ordinarios disfruten de transporte y comedor escolar gratuitos como hasta ahora", señalan.

A la vez, desde la Consejería insisten en que estos alumnos con discapacidad seguirán teniendo acceso a estos servicios “exactamente en las mismas condiciones que en el presente curso 2023/2024 o en los cursos anteriores, condiciones establecidas en una orden que está vigente desde 2005”. De esta manera, el Ejecutivo de la Puerta del Sol incide en que todos los estudiantes que cumplan los requisitos seguirán teniendo transporte y comedor gratuito.

Relacionado Reclaman al Gobierno de Ayuso una ley que blinde la independencia de las personas con discapacidad

PSOE-M lleva la cuestión a la Asamblea

Pese a la postura sostenida por la Consejería de Educación, lo cierto es que la situación a la que hacen frente estos alumnos con necesidades especiales va más allá de los obstáculos en el transporte y la gratuidad de los comedores escolares. Así lo ha puesto de manifiesto el Grupo Parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid a través de una Proposición No de Ley (PNL).

En este texto, al que ha tenido acceso este periódico, los socialistas reclaman al Gobierno de Díaz Ayuso que, primero, “garantice el coste íntegro de los servicios complementarios de comedor y transporte al alumnado con discapacidad motora” siempre que la distancia entre el domicilio y el centro sea mayor a un kilómetro. En segundo lugar, la elaboración de “un plan de ampliación de los centros públicos preferentes motóricos en Infantil y Primaria” para garantizar la mejor atención escolar, un organigrama que debe estar integrado por “la cuantificación de las inversiones necesarias y el cálculo del incremento de plantilla del personal de apoyo”. En tercer y último lugar, el PSOE-M también reclama un refuerzo de los recursos de los centros escolares públicos de la Comunidad, debido a que son éstos los que atienden, por encima de sus capacidades, esta escolarización especializada.

Y es que la realidad de la escolarización de los alumnos con discapacidad en la Comunidad de Madrid tiene ciertas especificaciones que caben tener en cuenta. En esta autonomía, según las estadísticas educativas, fueron 198 alumnos con necesidades educativas especiales asociados a discapacidad motora los que figuraban en el pasado curso: el 84% escolarizados en centros públicos; el 16% en privados; es decir, la educación pública se hace cargo de este alumnado especializado en un nivel más alto de la media.

Debido a esta saturación en los centros públicos, deben ser los centros ordinarios en integración los que deben velar por la escolarización de estos alumnos. Son un total de 1.973 menores con discapacidad los que están escolarizados, de los cuales, un 81,3% acuden a las escuelas públicas. Por un escenario como tal, se produce una infra-diagnóstico de estas necesidades especiales, rebotando así en los centros ordinarios, que no cuentan con el personal dotado para atender dichas características.

Síguenos en Whatsapp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes