La situación a la que hacen frente las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid merece una mejora sustancial. Así lo reclaman desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), solicitando así el impulso de una ley para la vida independiente de estas personas.

Esta solicitud ha sido remitida a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con el mero objetivo de que se pueda garantizar y blindar por ley el derecho de libre elección de estas personas a vivir como lo deseen, sin la necesidad de ingresar en una residencia.

Una manifestación que también dio a conocer el presidente de la asociación, Javier Font, en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid este martes, haciendo énfasis en la necesidad de respuesta urgente por parte del Ejecutivo autonómico ante la escasez de prestaciones que van destinadas a la autonomía personal de esta parte de la población. Fue entonces cuando se hizo evidente el imperativo de poder crear más oficinas de vida independiente, una petición que vino acompañada de la denuncia de precarización de la prestación de estos servicios con subvenciones que no permiten su adecuado funcionamiento.

Brecha en las prestaciones para la asistencia personal

Sumado a estas peticiones, cabe remarcar otra más de importante calado: la compatibilidad de las prestaciones entre sí para que se puedan complementar y potenciar así la actividad de las personas con discapacidad. Ejemplo de ello puede ser conjugar la residencia con una figura acompañante de asistente personal, lo que facilitaría las tareas de interacción social y tener más acceso al mercado laboral.

Llevando este ámbito al conjunto nacional, y comparándose con otras comunidades autónomas, lo cierto es que la Comunidad de Madrid es de las que menos destina a esta causa, “poco más de los 700 euros en el nivel III de dependencia”. Tal y como expuso el presidente de FAMMA, ejemplos como País Vasco -que gestiona 6.891 prestaciones-, Castilla y León -con 2.368- o la Comunidad Valenciana -con 602- ya superan el número de Madrid. “Un 0,08% del total que realmente pertenecen a un programa financiado por los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Así mismo, existe una lista de espera importante rea figura del asistente personal, las cuantías para sufragar el coste y más horas de asistencia”, añadió Font.

En cuanto a las cuantías específicas que se destinan en las prestaciones para la asistencia personal de personas con discapacidad, mientras la Comunidad de Madrid destina 700 euros, ejemplos como la Comunidad Valencia que llega a los 2.350 euros mensuales en grados II y III, o Galicia, que oscila entre los 1.865 y 2.085 euros mensuales, sitúa en una clara y baja posición a la región liderada por Díaz Ayuso.

Sin embargo, esta tarea no es fácil, ya que desde FAMMA dan cuenta de que aún existen trabas en la promoción de títulos habilitantes para que las personas asistentes puedan realizar su trabajo debido a que las competencias dependen de las comunidades autónomas. “Instamos a la Consejería de Asuntos sociales a habilitar al 100% a las personas con experiencia en el ámbito de la asistencia personal”, sostuvo Font.

Las listas de espera de valoración, otra tarea pendiente

Bajo el mismo telón de fondo, FAMMA ya denunció el ‘abandono’ del Ejecutivo madrileño en cuanto a las listas de espera que tienen que hacer las personas con discapacidad para ser valoradas: una media de 305 días. Un escenario del que ya se dio cuenta a la Consejería de Ana Dávila-Ponce para que fuera estudiada con carácter urgente.

Y es que esta situación de demora prolongada hace que estas personas tengan aún más obstáculos para poder acceder al sistema que les brinda ayudas o, a efectos prácticos, que personas con movilidad reducida hagan frente a dificultades como no poder tener una plaza de estacionamiento adecuada a sus necesidades.

De esta manera, lamentaron que las medidas adoptadas hasta la fecha resultan insuficientes: “Son cantos de sirena que no van a ninguna parte y que estamos en la situación que estamos: 15 meses como mínimo para ser evaluados como personas con discapacidad, algo totalmente inaceptable”, condenaron.

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