Un día después de que, junto a los de Podemos, eurodiputados españoles del PSOE trasladaran por escrito a la Comisión Europea su rechazo a la proposición de ley andaluza para amnistiar casi 1.500 hectáreas de regadío en el entorno de Doñana, sorpresivamente el grupo socialista en el Parlamento autonómico se abstenía en la tramitación de dicha iniciativa, promovida por PP, Cs y Vox.

Al rechazo de los eurodiputados socialistas ha de sumarse la carta remitida por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al presidente de la Junta de Andalucía advirtiéndole de “la invasión de competencias que se puede llegar a producir" si sale adelante la ley que pretende revisar el Plan de la Corona Norte de Doñana, aprobado en 2014 y que, tras una ardua negociación que duró años, excluyó de los derechos de riego los cultivos de frutos rojos que ahora quiere regularizar el Ejecutivo andaluz.

La Comisión ya amenazó la semana pasada a España con volver al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para solicitar una multa por el incumplimiento por parte del Gobierno andaluz de una sentencia previa de la Justicia europea contra la ampliación de regadíos en Doñana, cuya tramitación política coincide además con un periodo de sequía que ya está afectando al Parque.

Intervención 'heavy', votación 'light'

La iniciativa salió adelante con los votos favorables de PP, Cs y Vox, cuya mayoría absoluta hacía aritméticamente innecesaria la abstención socialista. Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Adelante votaron en contra. En realidad, no se votó una sola proposición de ley sino dos, aunque ambas idénticas: una firmada por el PP y Cs y la otra por el PP y Vox; no sin cierta candidez, los naranjas calculan que así no se verán 'contaminados' por la ultraderecha.

Además de sorpresiva, la abstención socialista ayer en el Parlamento resultó desconcertante. De la dura intervención del diputado Mario Jiménez, que defendió desde la tribuna la posición de su grupo, no cabía deducir que los 33 parlamentarios del PSOE iban a abstenerse: “En Doñana no se puede entrar como un elefante en una cacharrería; Moreno Bonilla va a perjudicar a la agricultura de la provincia, ha engañado a los agricultores y es un irresponsable por querer cambiar el Plan Forestal, un plan consensuado”.

En el mismo sentido, Inmaculada Nieto, portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, dijo que los agricultores han sido "engañados" porque PP, Cs y Vox saben perfectamente que lo que se pone en la iniciativa "no se puede hacer y están jugando con la calculadora electoral".

El preciado cetro de la moderación

A la posición adoptada por los socialistas no es ajeno el hecho de que las hectáreas indultadas pertenecen a los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, donde el partido que lidera Juan Espadas cuenta con una fuerte implantación electoral.

Al descartar el no a la controvertida proposición de la derecha, Espadas buscaría también afianzar su perfil de político templado y dialogante, tal vez con el propósito de arrebatar a Moreno Bonilla el preciado cetro de la moderación.

El propio Gobierno autonómico parece ser perfectamente consciente de las muchas contraindicaciones medioambientales y de imagen ante Europa que tendría la aprobación de una ley que haría aún más dramática la sobreexplotación del acuífero que sostiene el que seguramente sea el humedal más valioso del continente. De hecho, PP y Cs han descartado una tramitación por vía de urgencia y el propio presidente Moreno ha cifrado en no menos de un año el plazo para su aprobación.

En vísperas de la votación en el Parlamento, la consejera de Agricultura Carmen Crespo, competente en temas de medio ambiente, se ponía de perfil y echaba balones fuera: la ley nada tiene que ver con el Gobierno, es cosa de los grupos parlamentarios, vino a decir.

La proposición

La proposición de ley de PP, Cs y Vox persigue ampliar el rango de terrenos con la calificación de suelos agrícolas regables, por cuanto la normativa en vigor establecía los terrenos con esa consideración hasta el año 2004, mientras que estos tres partidos buscan ampliar ese corte cronológico hasta 2014, ampliar una década los terrenos que puedan ser considerados agrícolas regables, así como busca anular la disposición que exige a los propietarios acreditar que la explotación agrícola existía antes de 2004.

“Las modificaciones que aquí se plantean no rompen en modo alguno ni hacen peligrar el equilibrio existente", por cuanto argumenta que la clasificación de suelos agrícolas regables en zonas B y C "no confiere de forma automática el derecho al uso del agua, sea superficial o subterránea", se argumenta en la exposición de motivos de la iniciativa.

"Están robando el agua"

WWF lamenta que la propuesta de ley presentada por PP, Vox y Ciudadanos para legalizar a agricultores "ilegales" que están "robando" el agua del acuífero de Doñana, a la que se han opuesto frontalmente organizaciones ecologistas, sociales y sindicales, consumidores, investigadores, e incluso una parte importante de los propios agricultores de Doñana, siga adelante tras la sesión de este miércoles en el Parlamento de Andalucía.

Esta propuesta, según un comunicado de WWF, "podría legalizar hasta 1.900 hectáreas, que hoy ya se riegan ilegalmente y cuenta también con la firme oposición del Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), además de organismos internacionales como la Unesco o la propia Comisión Europea, que han advertido muy seriamente al Gobierno y a la Junta de las graves consecuencias del incumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que condenó a España por la destrucción de Doñana".