Ecologistas y formaciones de izquierdas como Unidas Podemos por Andalucía y Adelante tenían razón en sus advertencias al Gobierno andaluz de que sus planes para amnistiar casi 1.500 hectáreas de regadíos ilegales en el entorno de Doñana pondrían en guardia a la Comisión Europea, que nunca permitiría una operación de tantos riesgos medioambientales para el Parque Nacional. 

En efecto, la Comisión Europea ha amenazado a España con volver al Tribunal de Justicia de la UE para solicitar una multa por el incumplimiento por parte del Gobierno andaluz de una sentencia previa de la Justicia europea contra la ampliación de regadíos en Doñana, un paso que Bruselas estudia si las autoridades no toman "lo antes posible" medidas para adecuarse a lo dictado por los tribunales.

En una carta firmada por la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooiker, a la que ha tenido acceso Europa Press, Bruselas expresa su "honda preocupación" por el impacto que pueda tener en Doñana el retraso del cumplimiento de esta sentencia y, además, considera "cuando menos desconcertante" que el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla esté contemplando la adopción de medidas que "agravarían la situación y pondrían en grave riesgo" el cumplimiento de lo dictado por Luxemburgo.

Por todo ello, Bruselas avisa de que está dispuesta a hacer uso de "todos los instrumentos que tiene a su disposición" y acudir por segunda vez al Tribunal de Justicia para solicitar sanciones ante el plan del Gobierno andaluz de regularizar 1.460 hectáreas de regadío del entorno de Doñana "que no cuentan con los preceptivos permisos".

El tribunal de Luxemburgo dictaminó el pasado junio que España debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana, motivo por el cual declaró el incumplimiento de las directivas europeas del Agua y de Hábitats.

La sentencia de junio también señaló que no se han adoptado "medidas apropiadas para evitar las alteraciones apreciables de los tipos de hábitats protegidos" situados en las zonas 'Doñana', 'Doñana Norte y Oeste' y 'Dehesa del Estero y Montes de Moguer'.

En su carta, Bruselas advierte del "efecto llamada" que podría generar la regularización de estás zonas de regadío en torno a Doñana, lo que podría tener repercusiones negativas sobre las aguas subterráneas y pone en valor la importancia de la conservación de Doñana y sus hábitats naturales.

En un paso más, la Comisión Europea pone de relieve que "aún no hemos concluido que se estén aplicando todas las medidas necesarias" para cumplir con la sentencia". Además, la dirección general de Medio Ambiente recuerda que la aplicación correcta y en el plazo del Derecho de la UE es "esencial".

Ahora España dispone de un mes para dar explicaciones sobre la propuesta legislativa y la falta de cumplimiento de la sentencia del TUE. España remitirá la carta al Gobierno andaluz, que tiene las competencias para contestar a la misiva, según fuente del Ejecutivo Español.

Tras conocerse el ultimátum del Ejecutivo comunitario, la organización ecologista WWF ha avanzado que estudia solicitar a la Comisión Europea un examen de los fondos europeos aplicados en los últimos años en la comarca de Doñana y Huelva para "garantizar que no han sido aplicados en explotaciones sin garantías de uso legal del suelo y del agua".

Son solo 800 hectáreas, dice el PP

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha celebrado una asamblea de agricultores en la que productores de frutos rojos de los cinco municipios --Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte-- han recibido información de dirigentes del PP andaluz sobre la proposición de Ley (PDL) "que afecta a tierras históricas del Condado".

En el encuentro, al que han asistido la secretaria general del PP-A, Loles López, y el secretario segundo de la mesa del Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, sirvió para "tener información de primera mano" y que "se resolvieran las principales dudas sobre la PDL", según ha explicado el presidente de la Plataforma, Romualdo Macías.

En este sentido, Loles López ha asegurado a los asistentes que la PDL "no toca ni un milímetro de Doñana", además de que "no son ni 1.600 ni 1.400, son 800 hectáreas" las que se podrían regularizar gracias a este texto. Además, ha añadido que "no toca la zona forestal, porque eso lo prohíbe la ley, y no da derecho a agua".

Por su parte, Manuel Andrés González ha incidido en que se va a "escuchar a todos los colectivos" y que esperan que en 5 o 6 meses "se celebre el final" con el visto bueno a esta iniciativa parlamentaria.

"El siguiente paso tendrá lugar el próximo 9 de febrero, cuando va al Parlamento y se vota si se tramita o no", ha explicado López, que ha añadido que "si hay mayoría empieza el trámite, que puede durar unos meses, y se toma en consideración, que significa que los agentes sociales van al Parlamento a dar su opinión sobre el texto y se pueden presentar alegaciones".

La Plataforma ha incidido en este encuentro "en la unidad del sector", que fue refrendada por los asistentes a la asamblea y que "el siguiente paso es que vengan las infraestructuras que hacen posible el agua en superficie: la presa de Alcolea, el desdoble del túnel de San Silvestre y el trasvase al Condado".

Asimismo, han insistido en que la proposición de Ley "podría regularizar un máximo de 800 hectáreas que siempre han sido de regadío en el Condado". Se trata de fincas "inicialmente incluidas en el Plan Especial de la Corona Norte de Doñana" cuando se aprueba en 2014 y que, meses después, "ven como este texto pasaría a tener carácter retroactivo y sólo permite que sean agrícolas las tierras que lo han sido hasta 2004 --diez años antes--, desapareciendo todo lo que se plantó en los diez años siguientes".

"Esto supone la pérdida de cientos de hectáreas de frutos rojos en cinco municipios del Condado --Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte--", han enfatizado desde la plataforma.