Fuerte malestar en la Junta de Andalucía ante el conocimiento que determinados delitos de imputados en el "caso ERE" comienzan a prescribir por el tiempo pasado y una posible "inacción" de la anterior magistrada, Mercedes Alaya. Un malestar del Gobierno andaluz más que justificable si se tiene en cuenta que, según documentos a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, hasta en trece ocasiones los servicios jurídicos de la Junta alertaron a Alaya de que este hecho, el de las prescripción de delitos, podría ocurrir, sin tener respuesta de la magistrada.
Llegan las primeras prescripciones de delitos
Y es que las primeras prescripciones de delitos del "caso ERE" son ya un hecho. La Audiencia provincial de Sevilla ha levantado las imputaciones que recaían sobre dos empresarios. Desde el Ejecutivo autónomo se responsabiliza de este hecho a la propia instructora anterior, Mercedes Alaya, calificando de "inacción" su actitud ante la información que, hasta en 13 ocasiones, recibió alertándole de este peligro.
Caso omiso de Alaya a las alertas Rechazó jueces de apoyo La Junta alertó desde 2013 del riesgo de prescripciones Algunas de estas imputaciones han sido anuladas recientemente por la Audiencia Provincial de Sevilla junto al caso de otras diez personas y empresas para las que Fiscalía solicita que se declaren prescritos los delitos imputados. Riesgo de que la Junta no sea resarcida
Según la Junta Alaya dejó pasar cuatro años en las imputaciones e hizo caso omiso tanto a los avisos de la Fiscalía Anticorrupción y del propio Gobierno andaluz. La juez sevillana dejó que pasaran diez años desde el momento en que se recibieron las ayudas. Este hecho ha derivado en que los supuestos delitos de los que se acusaba a algunos imputados hayan prescrito.
La indignación en la Junta es más acentuada al recordar que Alaya rechazó de manera continuada y reiterada que otros jueces de apoyo le ayudaran en las múltiples macrocausas que acumuló de manera personal y rechazó la oferta de esta ayuda que le ofrecía el Poder Judicial. Se censura ahora el afán personalista y autócrata de la juez sevillana como un motivo de que las prescripciones comiencen a materializarse y que "metiese en un cajón" los escritos que advertían del riesgo de prescripción.
En concreto en los documentos a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, la Junta solicitó desde octubre de 2011 que se ejecutaran diligencias judiciales tanto a personas como empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla por recibir ayudas "indiciariamente ilícitas". Al mismo tiempo avisaba en reiteradas ocasiones desde 2013 del peligro de prescripción de los delitos y de que la administración regional no pudiera recuperar lo defraudado.
Sierra Norte
En dichos escritos, a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el Gabinete Jurídico de la Junta recuerda que el 28 de octubre de 2011 presentó un escrito en el que "se denuncia, por primera vez en las diligencias previas, la existencia de una gran cantidad de empresas pertenecientes a la Sierra Norte de Sevilla que han sido beneficiarias de ayudas indiciariamente ilícitas".
El malestar es notorio y justificado en la Junta por "la frustración del legítimo derecho de esta administración a verse resarcida podría provenir por el mero transcurso del tiempo, toda vez que importantes hechos presuntamente delictivos objeto de averiguación en la presente causa fueron consumados en abril del año 2004".
Otras prescripciones de Alaya
Hay que tener en cuenta y recordar que la juez Alaya, ahora magistrada de la propia Audiencia Provincial de Sevilla, ya recibió otras prescripciones. Lo fueron en otra macrocausa que instruyó, la del caso Mercasevilla. Casualmente estas prescripciones beneficiaron a dos hermanos, empresarios de la construcción, de la ministra de Trabajo, la onubense Fátima Báñez.
