Esto es lo que se trataba de determinar: “Si por parte de alguna autoridad o funcionario público se adjudicaron diversos contratos para evitar la licitación pública, a sabiendas de la obligatoriedad de esta última, y/o si hubo concierto entre la citada autoridad o funcionario para defraudar al ente público”. Pues bien, lo determinado por la justicia es esto: “De lo actuado no puede deducirse que se produjera ninguna de ambas actuaciones”.
Así, con el archivo del caso, ha resuelto el Juzgado de Instrucción 6 de Jaén la investigación que el pasado 19 de septiembre condujo a la ruidosa detención, ampliamente publicitada por la Policía Nacional, del delegado de Economía de la Junta en Jaén, Antonio de la Torre, y tres personas más acusadas de la adjudicación, supuestamente fraudulenta por haber sido fraccionada, de una campaña de publicidad de la Diputación de Jaén por un importe de 56.000 euros, cuando De la Torre trabajaba en la Corporación Provincial.
La denuncia que motivó la apertura de diligencias había partido varios meses antes de un ex empleado de una de las empresas investigadas.
Esposados, retenidos… e insultados
Los investigados fueron no solo detenidos sino también esposados y retenidos durante horas en los calabozos policiales, donde pasaron una noche. Su foto con las esposas puestas circularon por las redes sociales y llegaron a ser publicadas en algún medio de comunicación. Al pasar a disposición de la juez, esta los dejó en libertad con cargos.
El diputado de Podemos por Jaén, Diego Cañamero, declaró lo siguiente a propósito de la detención de Antonio de la Torre: "Lo que hace falta es que la empresa FCC entre con sus barredoras en muchas instituciones públicas para meter en la cuba a todos los delincuentes políticos y tirarlos a la basura".
Por su parte, el presidente provincial del PP de Jaén y actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, anunciaba que su formación se presentaría como acusación particular y exigía a la Diputación de Jaén la constitución de una comisión de investigación para analizar todos los expedientes de contratación publicitaria en los últimos cinco años.
Actuación policial llamativa
Mientras, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, encontraba “la actuación policial un tanto sorprendente y llamativa” y el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, veía “desproporcionado” detener “tantas horas” al delegado para tomarle declaración.
La extensa nota policial de dos folios informando del caso decía que, "previo acuerdo con el responsable de la empresa adjudicataria, éste acordó con el ente público dividir el contrato entre varios poniéndose de acuerdo con las otras dos empresas que están siendo investigadas".
La Policía Nacional apuntaba en su prolijo comunicado los “delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental”.
Los argumentos judiciales
El auto judicial de archivo, fechado el 1 de diciembre, afirma que “la contratación separada en el presente caso de la campaña publicitaria en cuestión resultaba perfectamente regular”.
Y añade la juez Carmen Ballesteros: “Ningún perjuicio conocido se genera para la Diputación Provincial, ninguna voluntad parece ilícitamente alterada y ninguna finalidad espuria se persigue más allá de realizar una campaña publicitaria que beneficiara a empresas publicitarias de Jaén”. Y concluye: “Por lo expuesto, procede el archivo de las presentes actuaciones al no justificarse la comisión de delito alguno”.
¿Detención política?
La detención como tal de Antonio de la Torre no cabe de calificarla de política, aunque sí cabe decirlo del dañino formato de la misma, dado el innecesario aparato propagandístico desplegado por la Policía y la aplicación a los detenidos de medios coercitivos como las esposas, que suelen reservarse a delincuentes violentos o con voluntad de fugarse.
El perfil de las detenciones de Jáen compartía, como se sabrayó entonces, un aire de familia con el aplicado en la investigación del fraude de la formación en Andalucía, cuando a partir del verano de 2014 y con amplio despliegue mediático se produjeron sucesivas oleadas policiales con no menos de un centenar de detenidos, entre ellos responsables provinciales de Empleo de la Junta.
