La participación de altos mandos policiales en un acto organizado por la Asociación Dignidad y Justicia ha generado controversia debido al contenido crítico hacia el Gobierno y la presencia de figuras vinculadas al Partido Popular. El evento, celebrado el pasado 10 de diciembre, sirvió para presentar el libro Héroes para el recuerdo: los 188 policías nacionales víctimas del terrorismo, escrito por el presidente de la asociación, Daniel Portero, y su vicepresidente, Víctor Valentín Cotobal.
El acto contó con la asistencia del jefe superior de Policía de Madrid, Javier Galván, y del Comisario General de Información Javier Susin. Un acto autorizado para realizar en las dependencias de formación por parte de Javier Nogueroles, jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento. Esta participación ha suscitado críticas dentro de sectores policiales, al considerar que ambos altos mandos se desvincularon de sus funciones prioritarias en un momento en que Madrid enfrenta un incremento de la delincuencia, incluyendo reyertas, robos violentos y homicidios.
El evento también fue escenario de duras críticas hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y sus políticas penitenciarias, de seguridad y de gestión del terrorismo. Estas críticas, constantes por parte de Dignidad y Justicia, han estado frecuentemente respaldadas por el Partido Popular y VOX, lo que ha intensificado la polarización política en torno a temas de seguridad y memoria histórica.
Daniel Portero, además de ser presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Su doble rol como representante político y activista en temas de seguridad y terrorismo refuerza su presencia en actos de este tipo, lo que ha llevado a algunos analistas a considerar que estas iniciativas buscan consolidar su figura dentro del espectro conservador y criticar abiertamente al Gobierno en un contexto institucional.
La decisión de Nogueroles de ceder una instalación policial para la presentación del libro también ha generado sorpresa y malestar en sectores policiales, que consideran inapropiada la colaboración institucional en un evento con un carácter marcadamente ideológico. Críticos del Gobierno interpretan esta acción como un intento de erosionar la figura del ministro del Interior, quien ese mismo día participaba en un homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La Asociación Dignidad y Justicia, conocida por su postura crítica hacia el Ejecutivo, utilizó el acto como plataforma para denunciar lo que considera agravios hacia las víctimas del terrorismo. Entre las quejas destacó la reciente reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pactada con EH Bildu, que limita ciertas actuaciones policiales. Estas declaraciones fueron especialmente resonantes durante el turno de preguntas, en el que se lanzaron ataques al presidente del Gobierno y al titular de Interior.
El hecho de que los mandos policiales acudieran al evento ha sido interpretado por algunos sectores como una maniobra que pone en una posición comprometida a Grande-Marlaska, en un momento de tensión creciente en la cartera de Interior. La decisión del actual director Adjunto Operativo (DAO) de seleccionar a estos mandos también ha sido objeto de críticas, al considerar que su participación refleja una posible connivencia con sectores que buscan deslegitimar las políticas del Gobierno.