24 asociaciones preparan una gran marcha desde la sede de Almeida a la de Ayuso: "Justicia para las 7.291 víctimas de las residencias"

Este sábado 22 de noviembre, Madrid volverá a ser escenario de una protesta que no se apaga. Años después de la tragedia de las residencias, miles de familiares, activistas y organizaciones sociales caminarán desde la sede de Almeida hasta la de Ayuso para recordar que 7.291 vidas quedaron sin respuesta. La concentración, respaldada por 24 colectivos, busca reactivar un debate que, pese al paso del tiempo, sigue marcando a la política madrileña: ¿quién asume responsabilidades por lo ocurrido en 2020?

La marcha, convocada por Marea de Residencias, partirá a las 12.00 horas desde Cibeles y llegará a la Puerta del Sol, un recorrido que las asociaciones han convertido en un itinerario simbólico de denuncia institucional. Bajo el lema “¡Justicia para las víctimas en las residencias! ¡Para los vivos dignidad, derechos humanos!”, los convocantes reclamarán por sexto año consecutivo que la Comunidad de Madrid reconozca lo ocurrido y depure responsabilidades políticas por los protocolos que, según múltiples informes, impidieron o restringieron el traslado hospitalario de miles de mayores durante las semanas más duras de la pandemia.

El comunicado de la plataforma señala que en 2020 “murieron de la forma más inhumana y cruel”, sin recibir atención médica adecuada y sin que sus familias pudieran acompañarlos. “Sin justicia, la impunidad conduce irremediablemente a la repetición de los errores”, advierten las asociaciones, que recuerdan que, en muchas ocasiones, los centros residenciales carecían de recursos sanitarios básicos y se vieron obligados a gestionar la crisis sin apoyo suficiente del Gobierno regional.

Las críticas contra el Gobierno de Ayuso no cesan

La presión sobre la presidenta madrileña ha crecido en los últimos años, alimentada por investigaciones periodísticas, testimonios de familiares y declaraciones de ex altos cargos del propio Ejecutivo autonómico. Uno de los episodios que más indignación generó fue la disputa en torno a la cifra real de fallecidos: mientras que los datos oficiales recogían 7.291 muertes en residencias entre marzo y abril de 2020, el Gobierno autonómico intentó revisar ese número a la baja, lo que para las asociaciones constituye una maniobra para minimizar la tragedia.

También continúan las críticas por los llamados protocolos de exclusión, que recomendaban no trasladar a hospitales a residentes con determinados niveles de dependencia. El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero llegó a calificar esos documentos como “discriminatorios” y afirmó haber alertado internamente de que provocarían “muertes evitables e indignas”. Las familias, por su parte, recuerdan que durante aquellas semanas recibieron llamadas desde los centros que describían situaciones desesperadas: ancianos aislados, sin oxígeno suficiente, y sin posibilidad de derivación a un recurso sanitario.

A estas críticas se suman las de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que denunció en varios informes que se produjo una vulneración sistemática del derecho a la salud, especialmente en la región de Madrid. Las asociaciones consideran que esa ausencia de garantías se vio agravada por la falta de transparencia posterior, con documentos incompletos, retrasos en las investigaciones y una negativa reiterada a asumir algún tipo de responsabilidad política.

Las familias exigen una investigación independiente

Los familiares de los fallecidos llevan años reclamando una investigación que no dependa de la propia Comunidad de Madrid y que permita aclarar quién tomó las decisiones, cómo se aplicaron y por qué no se activaron mecanismos alternativos que sí se emplearon en otras comunidades autónomas. Reclaman también un reconocimiento explícito del número de fallecidos, así como un proceso de reparación para las familias que quedaron marcadas por una gestión que consideran “inhumana”.

“Lo que hicieron con las personas en las residencias no es de recibo, los dejaron morir solos”, denuncian repetidamente los colectivos de afectados, que rechazan que el Gobierno regional siga sosteniendo que actuó en un contexto de colapso sin precedentes. A su juicio, esa explicación no justifica la falta de asistencia médica ni la ausencia de protocolos alternativos de derivación.

Para muchos de estos familiares, la manifestación del día 22 es algo más que un acto simbólico: es una forma de mantener viva la memoria de sus padres, madres y abuelos, y de presionar para que el Parlamento autonómico abra una comisión de investigación con acceso completo a los documentos internos, incluidos los correos y comunicaciones entre consejerías.

Tres reivindicaciones que marcan la movilización

La marcha tendrá tres grandes ejes reivindicativos: una Ley Estatal de Residencias que garantice derechos y dignidad en todos los territorios; una red ampliada de residencias públicas y de calidad, ante las estadísticas que muestran mayor mortalidad en los centros de gestión privada; y, sobre todo, justicia para las 7.291 víctimas, un número que se ha convertido en símbolo de lo que los colectivos consideran “el mayor fracaso institucional de la democracia reciente”.

La marcha está respaldada por 24 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional Madrid, la FRAVM, Mareas Blancas, PLADIGMARE, la Coordinadora de Pensionistas, asociaciones vecinales, sindicatos como CGT, MATS o Solidaridad Obrera, y plataformas como la 7291: Verdad y Justicia para las víctimas en las residencias. También la apoyan colectivos sectoriales como la Plataforma Unitaria de Sociosanitarias o la Plataforma por la Remunicipalización de Servicios Públicos.