Nadie como el exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad, Alberto Reyero, para hablar sobre lo que pasó en las residencias de la Comunidad de Madrid durante el Covid con los denominados 'protocolos de la vergüenza', el motivo principal que lo llevó a dimitir de su cargo.
El pasado lunes iban a prestar declaración los autores de aquellos documentos, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; y Antonio Burgueño, en su caso el encargado de coordinar la crisis sanitaria en la autonomía, aunque finalmente su declaración se suspendió -por el momento- debido a una cuestión técnica.
Cuando vuelvan, todos ellos declaran en calidad de investigados, razón de más para decir la verdad, pero también lo que les posibilita eludirla, ya que no están obligados. “Espero que digan lo que saben”, deseaba por este motivo Reyero en declaraciones a ElPlural.com, recordando que una persona investigada no es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Preguntado de manera muy directa por este periódico si deberían pasar más personas por sede judicial, incluso el antiguo consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la propia Isabel Díaz Ayuso como responsable principal de la región, el ex Ciudadanos muestra un tono prudente al otro lado del teléfono, aunque no descarta nada.
“(…) Que cuenten lo que saben. Sobre todo, va el firmante del protocolo, y a partir de ahí la jueza decidirá a quién más tiene que llamar. No sabemos si tendrán que declarar (Ruiz Escudero o Ayuso), dependerá de lo que decida la jueza”, indica.
La línea de investigación, por lo pronto, pasaría por “averiguar el origen del protocolo y en cuestión de lo que la jueza decida tras las palabras de los imputados continuará llamando a gente”; por lo que “es muy prematuro saber qué va a pasar a partir de ahora”.
Independientemente de ello, reconoce que, al igual que celebran los familiares de las víctimas, supone un “punto de inflexión”. “Sin ninguna duda, no solo por ser las primeras personas imputadas sino porque se pone por primera vez el foco, no tanto en la actuación de las propias residencias como en la elaboración de aquel protocolo que pudo ser discriminatorio”, emplaza. “Pero esto durará un tiempo, supongo”, concluye.
Al origen de la discriminación
La decisión jurídica que sienta precedente en el caso de las residencias de mayores madrileñas y la no derivación de ancianos en aquellos meses fatídicos de 2020 llega después de la macrodenuncia dirigida por Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia que firmaron 109 familiares. Quienes ponen la rúbrica al documento, que pudo desgranar este medio, se mueven en la misma línea.
“Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad”, indican.
Primeros señalados
Si bien la denuncia contiene más nombres propios, estos son los que podrían terreno para, quien sabe, que hablen más antiguos altos cargos de Ayuso e incluso la presidenta misma. Por el momento, quienes han declarado en el Juzgado de Instrucción Número 3 son el director de Coordinación Sociosanitaria y que firmó los protocolos que impidieron el traslado de personas mayores a residencia; Javier Peromingo y Antonio Burgueño.
El segundo ostentaba durante esos días la jefatura de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos, en Móstoles, y colaboró con el propio Mur y los geriatras en la elaboración de los documentos; pero sustituyó al primero en el cargo cuando fue cesado por el consejo de Ayuso.
Eso en lo que respecta a los bautizados como protocolos de la vergüenza, pero en lo estrictamente política también se apunta ya a un tercer responsable: Antonio Burgueño. En su caso, fue pieza clave en el Ejecutivo de Ayuso en pandemia, concretamente ostentó el puesto de coordinador de la crisis sanitaria de la autonomía.
Resultó tan fundamental como polémico, dado que desde el momento mismo previo a su nombramiento, oposición y especialistas sanitarios advirtieron del carácter privatizador que llevaba defendiendo desde hacía mucho tiempo.
Quienes criticaban el nombramiento lo hacían con conocimiento de causa, dado que Burgueño fue director general de hospitales en los años de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, casi una década. En aquella época, impulsó la privatización de multitud de hospitales y defendió sin reparo el desmantelamiento de la sanidad pública, llegando a definir como “entrañable” que una consulta de atención primaria costara entre 30 y 50 euros.
Con todo, sus vínculos con la privatización no se quedan en el PP, y es que entre la década de los 90 y el 2001 ejerció como médico de la aseguradora Adeslas a la vez que es hijo de Antonio Burgueño Jerez, jefe de Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad de Ribera Salud, compañía pionera en la Comunidad Valenciana en la gestión privada de hospitales públicos.
