La UCO de Balas y la condena al fiscal, las migas de pan que conducen al golpe judicial

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo y a una multa de 7.200 euros (20 euros diarios durante 12 meses) por el delito de revelación de secretos con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. El fallo judicial se ha hecho público, pero no la sentencia, que todavía está pendiente de redacción y que ha puesto en vilo a una buena parte de la sociedad española que confía en la inocencia de García Ortiz. Del caso han llamado la atención su celeridad, ya que el fallo ha tardado tan solo una semana en emitirse; las discrepancias; ya que incorporará dos votos particulares emitidos por las magistradas de la Sala II Ana María Ferrer García y Susana Polo García que disienten de la misma; y la filtración de la condena sin que se conozcan todavía los motivos que el Supremo encuentra para sancionarle. A la peculiar resolución del caso se suma, a su vez, la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recortó partes de conversaciones para reconducir las pesquisas del caso y que, casi 150 días después, sigue sin elaborar el informe sobre Alberto González Amador que requirió la Fiscalía Anticorrupción en verano.

El juicio al fiscal general del Estado ha sido prácticamente exprés. Dos semanas en el Tribunal Supremo bastaron para que los magistrados, divididos, llegaran a sus conclusiones. El desfile de testimonios, desde las acusaciones populares del novio de Isabel Díaz Ayuso como el ICAM, hasta la defensa de parte de la Abogacía del Estado, fue la antesala a la última fase, que recayó en el propio García Ortiz, quien no hizo uso de su derecho a la última palabra, lo que declinó en que el juicio fuera declarado visto para sentencia. La sede del Alto Tribunal fue escenario esos días de un desfile de personalidades conocidas del ámbito judicial, político y mediático: desde el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez; pasando por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y periodistas de distintos medios que aseguraron que la fuente no fue el propio García Ortiz, hasta figuras políticas como el exlíder del PSOE-M, Juan Lobato. Los siete magistrados han llegado a un acuerdo por el que cinco de ellos han condenado a García Ortiz, mientras que otras dos magistradas han emitido el citado voto particular, ya que creen que el fiscal general debería haber sido absuelto, escenificando una clara división.

Mensajes recortados y reconducidos

A la publicación de una condena de la que todavía se desconoce el contenido de la sentencia, se suma la labor de la UCO de la Guardia Civil en el caso, marcada por algunas decisiones de difícil explicación. Una de ellas es que algunas partes de conversaciones han sido recortadas para reconducir las pesquisas del caso a terrenos que pudieran involucrarle en el presunto delito de revelación de secretos.

Los agentes de la UCO dedujeron en uno de sus informes que Diego Villafañe, máximo colaborador de García Ortiz y responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, aludió a un presunto ascenso profesional de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, la misma noche en la que se produjo la filtración del correo que la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso envió al Ministerio Público reconociendo un doble fraude fiscal. De la conversación extraída por la UCO y que este miércoles trascendió en sede judicial, se suscribe que Villafañe escribió a Rodríguez: "Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope", a lo que ella contestó: "Ay, en qué estarás pensando". El miembro del Ministerio Público respondió que "todo bueno". Una conversación de la que la UCO ha conjeturado que la colaboración de la fiscal provincial en el presunto delito de revelación de secretos podría tener la consecuencia directa de su futuro ascenso laboral. Sobre ello, cabe recordar que la fiscal provincial estuvo imputada en la causa.

No obstante, la conversación no acababa en este punto. El pasado miércoles, tal y como mostró la abogada del Estado y defensa del fiscal general, Consuelo Torres, había una parte eliminada que la UCO omitió en su informe. La realidad sitúa que Rodríguez tenía un asunto de corte personal y médico que le estaba relatando a Villafañe, y era por eso por lo que le dijo que se cuidara. A preguntas de la letrada, el coronel Antonio Balas ha argumentado que se omitió por "motivos de privacidad". La conversación completa, publicada por elDiario.es, se dio del siguiente modo:

• P. Rodríguez: "El lunes estuve en otro oftalmólogo. Me dio otro tipo de láser, que penetra más y es más específico para el desprendimiento. Más doloroso. Lo que me alerta es que estuve hace un par de meses en laservisión y no me vio esos nuevos desgarros”.
• D. Villafañe: "Ostras, no sabía lo de los nuevos desgarros. ¡Ánimo y cuídate mucho que te necesitamos a tope! Un besazo".
• P. Rodríguez: ¡El láser no impide trabajar!
• D. Villafañe: ¡Cómo eres! Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope.

Sin informe tras 150 días

Casi 150 días, cada vez más cerca del medio año, ha pasado ya desde que la justicia, más concretamente la Fiscalía Anticorrupción, solicitara a la Unidad Central Operativa que elaborase un informe sobre Alberto González Amador, en relación a las causas de la segunda investigación que se le atañe, por corrupción de negocios y administración desleal. Un informe del que, cinco meses después, todavía no se conoce ningún detalle ni se sabe cuándo podrá estar disponible. Llama, además, especialmente la atención la diferencia de apremio con otras causas, como la investigación al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor en el citado Ministerio, Koldo García, en el marco del 'caso Koldo', o el de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En tales casos, apenas unos días valieron para que la UCO de Antonio Balas empezase a trabajar.

148 días, para ser exactos, sin deslizar un solo dato sobre el informe que requirió en su día el Ministerio Público. "Que se encomiende a la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva", solicitó la Fiscalía el pasado 27 de junio, en pleno verano. A la Guardia Civil se le solicitaba que se concentrase en recabar información de la segunda pieza de investigación a la pareja sentimental de la dirigente madrileña, es decir, la que compete a la corrupción en negocios y administración desleal.

Tal y como tuvo acceso ElPlural.com, en el informe se recuerda el incremento patrimonial que registró la empresa del investigado, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021, años en los que se le acusa de haber cometido fraude fiscal por valor de más de 350.000 euros a la Agencia Tributaria, y en relación así con la compraventa de material sanitario durante la pandemia de coronavirus. A fecha de hoy, casi en diciembre, la UCO aún no ha respondido a esta solicitud formal.