Bricomoreno, el carpintero favorito del PP madrileño, involucrado en una denuncia por “blanqueo de capitales” en su comunidad de vecinos

El responsable de Bricomoreno, una microempresa familiar de carpintería con menos de diez empleados y que ha facturado casi dos millones de euros de la Comunidad de Madrid en miles de contratos menores al menos desde 2016, Sergio Moreno, estuvo involucrado en una denuncia interpuesta con motivo de su gestión en la comunidad de propietarios de Santa Elena (San Martín de la Vega).

El documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, acusa al administrador del espacio vecinal, Eduardo Martínez -una de las personas de máxima confianza de Moreno en esta etapa- de “supuesto delito de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsedad, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales” por un presunto entramado de troceado de facturas y/o facturación falsa que denuncian voces conocedoras del caso a este periódico.

Cuentas muy pequeñas, pagos en efectivo o "amigos"

Sergio Moreno es presidente hasta el año 2022 y Martínez administrador hasta 2023, año en el que se decide en junta vecinal interponer acciones judiciales y prescindir de sus servicios. En todo este tiempo, se acusa a ambos de haber incurrido en un entramado que, en última instancia, habría supuesto un agujero de dinero considerable a los inquilinos.

Es precisamente en 2022 -aunque previamente ya había sospechas infundadas entre la vecindad, según los testimonios que ha podido recabar este medio de comunicación- que todo empieza a ser un poco más serio a partir de un hecho muy concreto: unas obras en la piscina de la comunidad.

Dicha operación corrió a cargo de una empresa que presumiblemente no existe y una persona que tampoco. Sin embargo, el nombre que aparece en las facturas -Juan Carlos Zurica- es muy parecido al de un trabajador, a menos en aquel momento, de la firma de Moreno; lo mismo que su NIE. Solamente variaba una letra y se invertían un par de números. Al ser preguntado por ello, el responsable de la compañía de carpintería dijo que sería una “casualidad”, según las voces con las que ha hablado ElPlural.com.

Ante las sospechas, se solicita una auditoría para estudiar las cuentas y comprobar que todo está en orden, un ejercicio de transparencia que el administrador -al que, por otra parte, adjudican una relación de amistad con Moreno- obstaculiza. Se trata de una petición formal que Martínez dice no haber visto a pesar de estar incluso por escrito.

Finalmente, la presidencia del momento -ya después de Moreno-, decide contratar el peritaje incluso sin someterlo a votación a tenor de una situación considerada poco menos que extrema, y en ese informe se demuestra unas cuentas desfasadas cuya entrega, por otra parte, a pesar de la insistencia del perito, el administrador dilata. “No es hasta que el perito le amenaza con una denuncia ante el Colegio de Abogados que envía las cuentas”, indican las voces que explican a este medio los hechos. Es en ese informe pericial en el que se basa la denuncia.

En cualquier caso, no es un hecho aislado: “Iba gente, algunos amigos de Sergio Moreno, a prestar supuestamente servicios (…) Hay obras por las que cobran, por ejemplo, cerca de 9.000 euros en facturas muy pequeñas -lo que se conoce como troceado de facturas- y pagaban en efectivo”.

Fuentes hablan incluso de “relación de amistad” entre ambos, tal y como se ha señalado, pero lo que está claro es que Martínez fue administrador mientras el responsable de Bricomoreno era máximo dirigente de la comunidad de propietarios de Santa Elena.

Por el momento, el juicio se encuentra en fase de instrucción. Por otro lado, ElPlural.com se ha llamado a la empresa de carpintería para conocer la versión del propietario de Bricomoreno pero, en el momento de redacción de estas líneas, éste no se ha puesto en contacto con el redactor del presente artículo.

Casi dos millones con la Comunidad de Madrid

Sergio Moreno es propietario junto a su hermano de Bricomoreno, compañía que ha prestado numerosos servicios a menos desde 2016 a la Comunidad de Madrid, antes de que la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ostentara el cargo. Además, es concejal del Partido Popular (PP) en San Martín de la Vega, localidad de la Autonomía.

La Cadena Ser ya informó en 2018 sobre este asunto, que se ha mantenido en el tiempo -si bien el volumen de actividad se ha aplanado-, dado que se trata de un sistema de contratación que puede suponer una situación irregular si se hace de forma exagerada.

Este periódico quiso indagar un poco más sobre la compañía a raíz de una investigación del activista Óscar H. (@CiudadanO_O en X), muy activo sobre todo en redes sociales, y percibió, a través de la consultora Axesor, que esta firma familiar de menos de una decena de empleados había conseguido una cifra de negocio de más de medio millón de euros en 2024, último año del que hay registro.

Con la región en la que el PP disfruta de mayoría absoluta, Bricomoreno ha cerrado miles de contratos menores, algunos de ellos especialmente controvertidos como los que concierne a unos trabajos que desarrolló en el Gregorio Marañon. Aquí, en uno de los hospitales más ilustres del país, la firma recibió hasta 7.000 euros por la adecuación de un mueble, pero también montantes de tan solo 6 euros para reparar el mobiliario del centro sanitario.

La justificación que daba entonces el dueño de la empresa en preguntas de este periódico es que la compañía llevaba “toda la vida” en esto y que hacen cosas “muy específicas” desde 2012. “Algunos trabajos sí han ido a concurso, otros no sé exactamente cómo se hacen. A nosotros nos piden un precio y cuando nos dan el trabajo nos mandan el contrato para firmarlo y ya está”, finiquitaba sobre la forma de contratación.

Asimismo, separaba la parte empresarial de la política: “Soy un simple concejal que no gobierna (en la localidad lo hace el PSOE) (…) Me dedico a hacer las cosas en mi municipio, nada más y nada menos”.