Como por arte de magia, los discursos clásicos del Partido Socialista y el Partido Popular sobre cómo atajar la delincuencia han dado un giro de 180 grados para ocupar cada uno el luego que venía siendo del otro.

Si la presidenta de la Junta y su partido ponen el énfasis en la urgencia de reforzar la plantilla de policías en La Línea y el Campo de Gibraltar para frenar a un narcotráfico que literalmente se está subiendo a las barbas del Estado (“cuando unos individuos le hacen un pulso al Estado, el Estado tiene que ganar siempre”, afirma Susana Díaz), desde Ministerio del Interior se pone en acento en la necesidad de mejorar las condiciones socieconómicas de la comarca.

¿Cuestión de competencias?

Este mismo martes lo repetía el número dos del ministerio y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto: de un día para otro, el ministerio "no puede transformar la realidad social de un barrio", pues el hecho de que los vecinos salgan a proteger a un delincuente indica que hay "un serio problema detrás, que se resuelve con una acción integral".

A ese paradójico intercambio de discursos no es de ningún modo ajeno el reparto de competencias: los policías competen solo al Estado mientras que las acciones laborales y sociales son compartidas aunque recaen prioritariamente sobre el Gobierno autonómico.

El último incidente (por ahora)

Aunque ambos tengan razón, el último incidente, ocurrido el pasado domingo, parece dar la razón más bien a la presidenta andaluza, que la semana pasada se reunió en el palacio de Sal Telmo con el ministro Juan Ignacio Zoido para abordar conjuntamente la cuestión.

El domingo 25, en efecto, la Policía Nacional intervino media tonelada de hachís tras una persecución de película por las calles de La Línea de un vehículo de alta gama a cuyo conductor, que abandonó el coche y huyó a pie, no lograron apresar porque “una avalancha de vecinos” lo impidió. Ni siquiera los disparos al aire de los agentes disuadieron al vecindario. El narcoempleo se había activado de nuevo. La narcoeconomía ha dejado de temerle al Estado.

Agreisones baratas

Antonio Olivencia, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el Campo de Gibraltar, lo tiene claro: agredir a los agentes sale muy barato. Para el SUP, los narcos que operan en la comarca ya no se esconden ni parecen tener miedo, sino que están lisa y llanamente desafiando al Estado.

Su diagnóstico es demoledor: “Las penas por agredir a un agente son mínimas, por eso la escalada va a más, por la impunidad de los delincuentes, que saben que cuesta muy barata la agresión a nivel jurídico, por eso, si no se implica la fiscalía y la judicatura, estoy no tiene arreglo”. 

Mil euros al día

Su compañera de sindicato, Carmen Velayos, es de la misma opinión: “Ahora mismo en La Línea de la Concepción hay una violencia grande. Los narcos ejercen una violencia que se nota descaradamente. Tenemos ejemplos como el asalto al hospital, intentar quemar las lanchas de Vigilancia Aduanera o rajar las ruedas del fiscal en el aparcamiento del juzgado”, ha declarado a la cadena SER Velayos,

La portavoz sindical daba este dato para explicar la “fidelidad total” de la gente que les apoya: “Un aguador (encargado de vigilar los movimientos de las patrullas de la policía) puede cobrar mil euros al día. Hay una narcoeconomía. Le llamamos narcobienestar”.

Desembarco en pleno día

En realidad, el desahogo con que actúan los narcos no es nuevo. Basta retrotraerse a tres años atrás: en pleno mes de junio de 2015, bañistas de la playa linense de Tonelero, veían con estupor cómo llegaba a la orilla una embarcación rápida cuyos ocupantes comenzaron a descargar rápidamente los fardos de hachís. A la vista de todo el mundo. Un vídeo casero, que se convirtió en viral, dejó constancia de que algo estaba cambiando en la conducta de los narcos y su gente de apoyo.

En el análisis de las causas los expertos coinciden: Marruecos está a un tiro de piedra y es el primer productor mundial de hachís. También coinciden en que la crisis económica en una comarca ya de por sí deprimida ha multiplicado exponencialmente el atractivo laboral del narcotráfico.

Y ninguno niega que las plantillas policiales del Campo de Gibraltar han menguado y han envejecido, y los efectos de ese doble recorte se notan mucho más en una zona fronterizo donde en torno a un 20 por ciento de la jornada laboral de policías y guardias civiles debe dedicarse a las tareas –burocráticas pero imprescindibles– de control de fronteras.

Tímidas medidas

Tras su reunión el pasado día 19 con Susana Díaz a instancias de esta, el ministro Zoido se comprometió a un refuerzo policial “con carácter de permanencia”, que se sumaría a la brigada de intervención rápida de la Guardia Civil, ya operativa en la zona.

El titular de Interior no dio, "por discreción", cifras concretas de número de agentes ni del plazo para incorporarse, aunque sí se comprometió a prohibir las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de gran potencia que no sean para competición deportiva. Algo es algo.