Francisco Javier Guerrero, en la sesión de este lunes del juicio de los ERE.
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Fuente
:
EFE
caso ERE

Javier Guerrero no desenfunda

El ex director de Empleo no solo se acoge a su derecho a no declarar, sino que tampoco ratifica las declaraciones en las que responsabilizaba al Gobierno andaluz

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Lun, 12 Feb 2018

Los temores algunos encausados de que ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero pudiera ‘disparar’ contra ellos atribuyéndoles la responsabilidad de lo sucedido eran infundados.

Quien ante los interrogadores policiales había destacado como un rápido e imprudente pistolero –cuyo disparo más certero fue llamar 'fondo de reptiles' a la partida prespuestaria de los ERE– optó por enfundar su arma ante el tribunal que le juzga. 

Guerrero no solo no tiró de la manta, sino que se desdijo de las veces en que lo hizo en el pasado negándose ratificar las declaraciones ante la Policía y la juez Mercedes Alaya en las que afirmó que el Gobierno andaluz en unos casos y sus superiores jerárquicos en otros sabían o consentían todo lo que estaba ocurriendo.

Presión mediática y policial

Con esta nueva sorpresa del silencio de Guerrero se reanudaba este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 20 ex altos cargos para determinar la legalidad o ilegalidad del procedimiento específico utilizado para la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis.

No se molestaron mucho ni el ex director general ni su defensa en convencer al tribunal de los motivos para desdecirse o guardar silencio. Guerrero se limitó a acogerse a su derecho a no declarar –sólo responderá a las preguntas de su abogado– y se negó a ratificar sus primeras declaraciones de 2011 y 2012 ante la Policía, la Guardia Civil y la juez instructora alegando de modo bastante genérico y no demasiado convincente que las había hecho sometido a una “tremenda presión mediática y de la Policía”.

Defensa desconcertante

La negativa a prestar declaración de Guerrero, sobre quien pesan algunas de las pruebas de cargo más clamorosas, ha sorprendido a defensas y acusaciones, desconcertadas ante la estrategia de su letrado Fernando de Pablo, única que en el inicio del proceso no presentó escrito de defensa. En otras piezas donde Guerrero está imputado, De Pablo tampoco ha solicitado, como sí han hecho otros defensores, que su cliente sea excluido de ellas alegando que no debía ser juzgado dos veces por los mismos hechos, dado que la concesión de las ayudas ya se estaba examinando en este proceso relativo al procedimiento específico.

Frente al silencio y para mantener vivo el recuerdo de lo dicho por Guerrero en sus declaraciones ante la Policía, la Fiscalía pidió entonces a la Sala que se diera lectura a aquellas declaraciones que el ex director general ya no hace suyas.

Una sonrisa

“No la voy a ratificar”, contestaba tras la lectura de cada una de ellas a lo largo de una interminable mañana marcada por los bostezos. La monotonía solo se rompió en un cierto momento: cuando, según la lectura del secretario, Guerrero declaró que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, le había dicho que “fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente” porque no satisfacía los pagos comprometidos por la consejería. Una amplia sonrisa se dibujaba en el rostro hasta entonces muy serio –pero no abatido– del ex director general.

El siguiente turno de declaración le corresponde al exconsejero Antonio Fernández, aunque su abogado adelantó que no podrá hacerlo de momento porque padece una “disfonía incapacitante” derivada de una enfermedad de garganta.

Responsabilidad civil

Por otro lado, la Audiencia rechazó la petición del PP de exigir a los procesados a la reclamación de los 741 millones de euros supuestamente defraudados y que todavía están cobrando varios miles de trabajadores a los que nadie, sin embargo, ha exigido su devolución.

"La acusación popular –argumenta la Sala en una providencia– no está legitimada para solicitar responsabilidad civil, que sólo puede ser reclamada por el ofendido o perjudicado y por el Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".