Y al tercer día descansó. Tercera y última jornada de 2017 del juicio por la pieza política de los ERE, que se reanudará el 9 de enero para abordar las cuestiones previas planteadas por algunas defensas antes de entrar en la fase de interrogatorios de acusados y testigos.

O al revés, de testigos y acusados, pues precisamente una de las cuestiones que deberá decidir el tribunal en 2018 es si accede a la petición de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo de alterar el orden inicialmente previsto y que los testigos antecedan a los procesados en las sesiones de interrogatorio.

Arma de corrupción masiva

La petición tiene sentido, pues en esta ocasión el orden de los factores sí puede alterar significativamente el producto: entre los testigos figuran con un papel estelar los expertos en derecho administrativo y presupuestario convocados por las partes, y muy singularmente los cuatro peritos de la Intervención General del Estado con cuyo informe, solicitado por la juez instructora Alaya, dictaron sentencia condenatoria del procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales e identificaron las llamadas ‘transferencias de financiación’ como una suerte de arma de corrupción masiva nunca vista hasta ahora.

Con una expectación mediática ya muy a la baja, como certificaban las muchas sillas vacías de la sala de prensa desde donde se sigue la vista por televisión, en esta tercera sesión las defensas de los procesados han seguido dando lectura a sus escritos de conclusiones, y casi todas ellas lo han hecho con argumentos ya escuchados a los abogados que las precedieron en la jornada anterior.

Guerrero y los otros 21

Había, no obstante, cierta expectación ante lo que pudiera decir el abogado del ex director general –y autor de la célebre y letal calificación “fondo de reptiles”– Javier Guerrero, pero el letrado informó de que, “por estrategia procesal”, no había presentado escrito de conclusiones provisionales y por tanto nada que tenía que leer.

En esto, como en tantas otras cosas, Guerrero marca grandes distancias con el resto de los procesados. Aunque en total son 22, cabría hablar de 21 más uno, o de 21 y Guerrero, en cuyo semblante durante las tres primeras jornadas de juicio ha sido difícil advertir algún gesto de pesadumbre o abatimiento a pesar de que se enfrenta a una petición de 14 años de cárcel.

El resto de procesados nunca lograron convencer a la juez Mercedes Alaya de que Guerrero era el verdadero epicentro de las ayudas concedidas ilegalmente y sin documentación alguna. La juez siempre sostuvo, y estuvieron de acuerdo con ella la Fiscalía y el Tribunal Supremo, que el epicentro estaba mucho más arriba, en la planta noble del escalafón político de la Junta de Andalucía, con los expresidentes Chaves y Griñán a la cabeza.

Tesis imposible

Varios de los abogados que han intervenido este viernes han enfatizado su incredulidad ante la “imposible tesis acusatoria”: una tesis que –como resumió el letrado Adolfo Cuéllar, defensor del ex secretario general de Empleo Francisco Javier Aguado– “roza lo absurdo” al pretender nada menos que la “concertación de centenares de personas de origen, filiación y hasta ideologías opuestas” con el fin de conceder dinero a “empresas y personas de las que jamás hasta ese momento habían tenido noticia”.

Otros letrados abundaron en esa misma hipótesis de la inverosimilitud de la acusación detallando prolijamente la complejidad de la tramitación presupuestaria, aludiendo a las decenas de funcionarios que intervienen en ella o recordando que en el Parlamento existe desde hace más de 20 años una Oficina de Control Presupuestario desde la que los diputados pueden pedir cuanta información y expedientes de previsión y ejecución de gasto estimen oportuno, pero que nunca lo hicieron porque ninguno advirtió ilegalidad alguna.

Para las defensas, casi sin excepción, es una “tesis inadmisible”, tanto en términos jurídicos como políticos, afirmar que “se indujo a error” al Parlamento.

El extraño caso del señor Gómez

Para la defensa del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, otra pieza clave de esta macrocausa, su cliente “plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas en el sistema de ayudas y los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas y poner fin a ellas”. Si hicieron caso omiso de sus recomendaciones, no fue por culpa de la Intervención, que hizo lo que tenía que hacer.

El letrado también llamó la atención sobre otro hecho tan incongruente como paradójico: el consistente en afirmar, por un lado, que Gómez denunció en reiteradas ocasiones y a través de sus informes la irregularidad del sistema establecido y los riesgos que entrañaba y, al mismo tiempo, "atribuirle una suerte de connivencia con los autores materiales de la malversación para que estos consiguieran su ilícito y en ese caso común propósito".

Defensas preteridas

Llama la atención, en todo caso, que siendo tan perfectamente plausibles muchos de los argumentos manejados por las defensas, hayan tenido tan poco impacto en el desarrollo de la instrucción del caso. Para uno de los letrados, “hasta ahora las defensas hemos estado preteridas, pero con el juicio llega nuestro turno, la hora de la verdad”.

Sea como fuere, el reloj judicial no empezará a dar esa hora de la verdad hasta bien entrado el mes de enero, puede incluso que rozando febrero, pues el tribunal deberá tomarse su tiempo para resolver cuestiones previas de tanto calado como la petición de que se anule la instrucción llevada a cabo por el juez Álvaro Martín, encargado de rematar la instrucción iniciada por Alaya.

También la actuación procesal de Martín encierra alguna que otra paradoja, como la de que en su auto de procesamiento no vio cosas que el juez Barreiro del Supremo sí vio y en cambio vio otras que el magistrado del Alto Tribunal no vio: Barreiro no vio malversación en Griñán y Martín, en cambio, sí la vio; Barreiro sí hizo distinción entre las ayudas que estaban socialmente justificadas y las que no lo estaban, mientras que Martín no incluyó en su escrito esa crucial distinción.

Un doble estigma

Habrá que esperar no menos de seis meses para conocer el desenlace de una causa cuya trascendencia política es innegable. Es dramática, en realidad: si prosperan las tesis incriminatorias y los ex altos cargos son condenados, toda una etapa de la historia moderna andaluza quedará marcada para siempre por el imborrable estigma de la deshonestidad y el clientelismo.

Si, por el contrario, tales tesis son derrotadas y los procesados resultan absueltos, la propia justicia española quedará marcada para siempre por el no menos ominoso estigma de haber sido escandalosamente injusta hinchando durante años y años una burbuja judicial que antes de estallar se llevó por delante la reputación de decenas de políticos y funcionarios perfectamente honestos.