Todavía durante mucho tiempo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tendrá que seguir escuchando preguntas sobre lo que hace o deja de hacer la dirección federal del PSOE. Y es que las brasas del incendio de las primarias socialistas todavía no se han apagado: de hecho, la propia Díaz las avivó expresamente en el último congreso regional cuando ante el plenario socialista le pidió a Pedro Sánchez que no la obligara a elegir entre Andalucía y el partido.  

En una entrevista este lunes en Canal Sur Radio con el periodista Tom Martín Benítez, la presidenta andaluza ha desgranado sus prioridades para este comprometido curso político, si bien ha eludido entrar en profundidad en asuntos que competen a la dirección federal de su partido, como la plurinacionalidad, el conflicto catalán o la corrupción del PP. Sobre Ferraz ha dejado clara su posición: “Todos los socialistas andaluces vamos a ser leales al secretario general”.

“Una estafa política”

Sobre la cuestión territorial y el desafío soberanista de la Generalitat, la presidenta andaluza ha sido contundente pero, al contrario que en el pasado, no se ha extendido mucho: “Todo esto es un disparate. Y una estafa política. No hay ninguna Constitución que defienda el derecho a al secesión”. Sí volvió, en todo caso, a dejar claro este mensaje: “No aprobaré nunca nada que perjudique a Andalucía”.

Una cuestión de dinero

Para Díaz la prioridad absoluta es lograr una financiación justa para Andalucía: “Con la financiación nos jugamos la Andalucía de los próximos diez años, qué servicios e infraestructuras vamos a tener. ¿Que suena dramático? Es que lo es. Ha habido ya dos prórrogas y las liquidaciones del año 2015 certifican que hemos recibido 104 menos euros por habitante que la media, no menos que el que más, sino que la media. Eso es insoportable. Hoy hay 220.000 andaluces fuera del sistema de financiación”.

Un consenso difícil

Precisamente de financiación habló Díaz la semana pasada con empresarios y sindicatos y hoy lo hará con los partidos. Su objetivo es consensuar una posición de todas las fuerzas andaluzas de cara a la negociación del futuro modelo, que el Gobierno parece decidido a retrasar de nuevo pese a que el actual venció en 2014.

Díaz no parece, sin embargo, muy convencida de que el PP se vaya a sumar a consenso alguno. El tono con el que respondió a las preguntas de Martín Benítez sobre el presidente del PP parecía dar por descontado que el PP no acercará posiciones con la Junta: “Moreno sale tarde y mal porque le cuesta levantar la voz en su partido. Hoy espero que venga de otra manera. Siempre se esconde”.

Los ricos y los muy ricos

Sobre el impuesto de sucesiones, que Ciudadanos quiere rebajar de nuevo, Susana Díaz se mostró poco explícita pero dio pistas. “El impuesto solo van a pagar los muy, muy ricos”, llegó a decir, dando a entender que aceptará las exigencias de su socio parlamentario, que ya ha advertido que no dará su visto bueno a los Presupuestos de 2018 si no hay rebaja del impuesto. Hasta ahora el Gobierno andaluz siempre había hablado de los “ricos”, no de los “muy ricos”.

“Ha habido –se ha justificado Díaz– una campaña para demonizar un impuesto que solo paga el 7 por ciento de los andaluces. Gente que paga la plusvalía municipal cree estar pagando el impuesto de sucesiones. He sido la presidenta que más lo ha bajado, pero el PP ha conseguido banalizar el tema tributario, algo muy peligroso”.

Una campaña exitosa

La presidenta admitía abiertamente que el PP habría conseguido su objetivo propagandístico: “Asumo que han demonizado el impuesto. Sacaron este debate porque una familia noble de Sevilla no quiso pagar el impuesto, y se fueron a otra Comunidad para no pagar el impuesto. ¿Por qué, al negarse a suprimir el impuesto y compensarnos, permite Rajoy que haya dumping fiscal?”.

Por lo demás, Díaz ha vuelto a defender su apuesta por la sanidad y la educación públicas, el aumento de las becas, la incorporación de nuevos docentes y sanitarios y la aplicación de las 35 horas semanales en la función pública, cuya suspensión ha solicitado el Gobierno al Tribunal Constitucional.