“Esta es una actuación más del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de marcado sesgo ideológico, para represaliar a cualquier persona que muestre sus discrepancias con una gestión que es abiertamente criticable en sus formas y también muy rechazable en sus contenidos”. Así se ha expresado la asociación progresista Jueces para la Democracia ante el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial “de privar de su plaza del Tribunal Supremo a la magistrada Margarita Robles, tras solicitar la excedencia voluntaria para presentarse como candidata a un escaño parlamentario”.
La decisión se aprobó con lo que la asociación judicial califica de “división inusual en la Permanente” al contabilizarse cuatro votos contra tres con la emisión además de un voto particular muy crítico.
Sanción desproporcionada
“Desde Jueces para la Democracia valoramos que se trata de una cuestión discutible jurídicamente, ante la existencia de preceptos contradictorios y ante una regulación legal poco sistemática de la naturaleza del estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo. Sin embargo, constatamos que la Comisión Permanente no ha optado por hacer una lectura en clave constitucional que respete el contenido del derecho fundamental al sufragio pasivo de quienes integran el poder judicial”, señala JpD.
En este sentido consideran que “acordar la pérdida de la plaza que una magistrada ejerce en el Tribunal Supremo parece una sanción desproporcionada y poco compatible con los principios de la democracia constitucional. Además, dicha decisión contrasta con lo acordado en precedentes que afectaban a supuestos similares, en los que anteriormente se ha aplicado un criterio flexible que poco tiene que ver con el rigor exhibido ahora para apartar a una magistrada de su plaza”.
La anterior maniobra contra Sieira
Sobre su opinión ante la actitud del presidente Carlos Lesmes, añaden que “esta decisión va en una línea muy parecida a su maniobra anterior para apartar de forma fulminante al presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, José Manuel Sieira, por su actuación independiente al frente de la misma”.
“Además, debemos recordar que, como señala el voto particular, el actual CGPJ únicamente era competente para resolver sobre la petición que se había formulado, que era la petición sobre excedencia voluntaria. No obstante, Lesmes se apresuró en adoptar una decisión que corresponde resolver realmente a quienes desempeñen estas funciones en el CGPJ cuando la magistrada afectada pida el reingreso”, afirman.
Lesmes insensible a derechos fundamentales
JpD muestra de nuevo su preocupación “por las actuaciones de un CGPJ que nació muy vinculado al poder político, con el nombramiento de Carlos Lesmes como persona de confianza del exministro Alberto Ruiz-Gallardón. Los hechos posteriores no han hecho más que empeorar el diagnóstico inicial”.
“El estilo del presidente del CGPJ es absolutamente insensible, cuando no abiertamente contrario a la cultura constitucional de los derechos fundamentales. Ese estilo autoritario, nada integrador de la pluralidad y extremadamente conservador de Lesmes, así como las circunstancias que han posibilitado este diseño del órgano de gobierno judicial, son los mejores ejemplos de que el nuevo parlamento debería abordar una reforma muy profunda del CGPJ”, concluyen.
