La transformación de la economía española en la última década ha estado marcada por la crisis económica y financiera de los últimos años. Desde 2008 hasta 2013 nuestro país sufrió el ciclo recesivo más largo de la etapa de la Democracia, con consecuencias muy negativas para el mercado laboral, donde la tasa de paro superó el 25%. Además, los elevados niveles de deuda externa fruto del excesivo endeudamiento del sector privado y, posteriormente del sector público, junto con la crisis de deuda soberana en la Eurozona, dificultaron todavía más la salida de la recesión. En 2015 se puede afirmar que se ha consolidado el proceso de la recuperación iniciado a finales de 2013, con un crecimiento del PIB y el empleo que se sitúan en el entorno del 3%. Además, lo más relevante es que ha mejorado la confianza en nuestra economía, tal y como refleja el dinamismo de la inversión y la normalización de los mercados financieros.
Desde 2008 hasta 2013 nuestro país sufrió el ciclo recesivo más largo de la etapa de la Democracia, con consecuencias muy negativas para el mercado laboral
La duración y severidad de la crisis han marcado un antes y un después en muchos ámbitos, no solo de la economía española, sino en el proceso de integración europea, en donde se ha ganado en coordinación y supervisión. Los cambios regulatorios, la nueva orientación de la política económica y el fuerte ajuste que han registrado algunos sectores de actividad han modificado la manera de actuar de los agentes económicos, incluyendo las empresas. Así, el sistema financiero, la política presupuestaria, las relaciones laborales e, incluso la estructura económica de nuestro país no son, ni serán, los mismos que diez años atrás.
Con estos nuevos parámetros y teniendo en cuenta que el proceso de globalización sigue su curso, las empresas españolas se enfrentan a desafíos importantes. Según la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, en el periodo de crisis se destruyeron en torno a 280 mil empresas y todavía en 2015 no se ha recuperado el nivel máximo correspondiente a junio de 2007. Por lo tanto, un primer objetivo debe ser impulsar el aumento de la base empresarial, debido a los efectos positivos que tiene sobre la inversión, el empleo y las finanzas públicas.
No cabe duda de que las empresas que han sobrevivido a la crisis son más competitivas, incluso han salido reforzadas
El segundo reto del sector empresarial es seguir ganando competitividad dentro y fuera de nuestras fronteras. No cabe duda de que las empresas que han sobrevivido a la crisis son más competitivas, incluso han salido reforzadas. La gestión empresarial está cambiando a un ritmo intenso, con novedades destacadas e impensables hace diez años. Así, hoy en día, las empresas tienen en cuenta elementos como: el cambio de orientación de la política comercial, donde la exportación a nuevos mercados se está convirtiendo en algo estructural; la relevancia creciente de la innovación y del mundo digital, con un impacto todavía desconocido en la manera de hacer negocios; la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para atenuar la alta dependencia del sistema bancario; la mayor flexibilidad de las relaciones laborales; la formación y educación, que ganan peso como factor de competitividad; la apuesta por el emprendimiento para dinamizar la base empresarial; y por último, el desarrollo de la responsabilidad social de la empresa, para contribuir activa y voluntariamente a la mejora social, económica y ambiental de toda la sociedad.
España necesita una estrategia integrada que potencie los factores clave de competitividad y aumento del tamaño empresarial
En este entorno, el papel de la Administración Pública es "favorecer y acompañar" al sector empresarial, creando un entorno favorable que atraiga el interés por invertir en nuestro país. Es decir, España necesita una estrategia integrada que potencie los factores clave de competitividad (incluyendo la facilidad para hacer negocios) y que contenga, como elemento adicional, el aumento del tamaño empresarial. Por todas estas razones el proceso de reformas estructurales debe continuar.
Una de las principales novedades de los últimos años, que surgió como respuesta a la situación tan crítica de nuestro país tras el largo periodo de recesión económica, es la implementación de reformas en ámbitos tan relevantes como el mercado interior, el sistema financiero, el sector energético y el mercado laboral. Habida cuenta de que el Banco Central Europeo está efectuando una política monetaria expansiva sin precedentes y que el margen de maniobra de la política fiscal y presupuestaria es estrecho, dado el elevado nivel de deuda pública alcanzado, la principal herramienta de política económica a nivel nacional son las políticas de oferta y, en particular, las destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado de los factores, bienes y servicios. Y aunque sus resultados no sean visibles a corto plazo, en el medio y largo plazo aumentan el crecimiento, el empleo y la productividad. En consecuencia, mejora la renta per cápita y el estado del bienestar, objetivo primordial de todos los Gobiernos y agentes económicos.
