El president, Artur Mas, dio ayer una imagen muy distinta al del triunfalismo del día de su declaración judicial por el 9N. EFE



Con maniobras para agrandar su posicionamiento como mártir, como bien publicó ayer ELPLURAL.COM tras su comparecencia, o con el fin de empezar a marcar diferencias con su 'maestro' y predecesor, Jordi Pujol, como interpreta hoy 'La Razón' sus últimas declaraciones, lo que parece evidente es que Artur Mas y su partido político están cada vez más acorralados por el 3%.

Lo último sobre este asunto lo publica hoy 'El Mundo'. Según su información “un informante de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha entregado esta semana a los investigadores del caso Petrum una caja fuerte con documentos que comprometen al Govern en las supuestas comisiones del 3%”.

Uno de los 10 detenidos
Tal y como se desprende de los datos que desvela el diario, “la caja estaba en manos de un colaborador de Josep Antoni Rosell, director general de infraestructuras de la Generalitat y uno de los 10 detenidos" el miércoles. Precisamente, parece que habría sido el propio alto cargo del Govern “quien entregó la caja fuerte a una persona de confianza para que la ocultara”. Sin embargo, el registro llevado a cabo a mitad de semana por parte de la Guardia Civil “empujó al informante a entregar 'voluntariamente' la documentación”, según fuentes conocedoras del caso citadas por 'El Mundo'.

Caja de 'sorpresas'
A pesar del desarrollo de los acontecimientos en los últimos días, lo cierto es que el contenido de la caja todavía está siendo estudiado por la Fiscalía Anticorrupción, de ahí que sus consecuencias sean impredecibles.

Precisamente, la edición de este sábado del periódico señala que lo conocido hasta ayer por los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, “les llevó ya a pedir al juez que decretara prisión sin fianza para Rosell”, aunque finalmente el titular del Juzgado que conoce el caso decidió ponerlo en libertad, aunque con cargos y retirándole el pasaporte.

Datos in situ
Los investigadores se están beneficiando de la repercusión del asunto, puesto que a raíz de los arrestos y registros son más los funcionarios que deciden aportar su 'granito de arena'. El periódico que dirige David Jiménez revela que “un cargo técnico intermedio de Infraestructures.cat” aprovechó la entrada de los policías en el edificio situado en la calle Vergós, en el distrito de Sarrià, “para denunciar el amaño en la adjudicación de concursos de la Generalitat a empresas señaladas por sus superiores”.

En concreto, dice el diario, “el trabajador, con años de experiencia en la gestión de obras públicas” habló con dos agentes que tomaban parte en el registro y reveló “cómo se realizaban modificaciones técnicas dictadas, entre otros altos cargos, por el propio Josep Antoni Rosell”.

Más acusaciones
Pero también hoy el diario 'El País' lleva a su primera página otro presunto caso relacionado con esta trama del 3%. En concreto menciona a la ingeniería Tec Cuatro, cuyo socio Albert García Bragado que fue detenido el miércoles, “hizo en marzo de 2012 una donación de 50.000 euros -el 3,8% de lo adjudicado- a la fundación CatDem de Convergència 25 días después de haber ganado un concurso convocado por Infraestructures.cat, el organismo encargado de licitar toda la obra pública de la Generalitat”.

Se da la circunstancia, y así lo destaca la información, de que sería el primer caso “documentado” del pago de supuestas comisiones ilegales. Este asunto en concreto se refiere a dos adjudicaciones del Gobierno presidido por Artur Mas al margen de ayuntamientos, y se centran en el “desdoblamiento de una carretera y el proyecto de la futura estación del tren de alta velocidad en el aeropuerto de Girona”.