El portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, hace declaraciones a los medios de comunicación, a su llegada al Congreso de los Diputados para asistir al pleno de la Cámara Baja. EFE



En el aguacero de acusaciones de corrupción que llevamos viviendo en los últimos años, hemos presenciado cómo muchas veces los aludidos políticos se refugiaban en la excusa de la legalidad o de los procesos jurídicos en marcha para no responder. Una estrategia en la que el PP ha probado su maestría en más de una ocasión. Cuando se les preguntaba por la responsabilidad política, más allá de la penal, daban la callada por respuesta o se escudaban en silogismos interminables. Lo que es una novedad es que alguien sobre el que pesa la sospecha reconozca abiertamente que sus prácticas no son éticas y, además, lo diga para no dimitir acto seguido.

Es lo que ha hecho hoy el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte, de quien se ha descubierto que cobró 75.000 euros en poco más de un año procedentes de una empresa especializada en obra pública. Junto a él, el exministro Federico Trillo cobró 356.560 euros en casi tres años. Pero el que ha dado la cara hoy en los pasillos del Congreso ha sido Pujalte, que cuando le han preguntado si le parece ético cobrar de una empresa privada que contrata con la Administración ha respondido: "No, me parece legal".

Amigo de sus amigos
Hasta ahora lo habitual era ver a Pujalte por los pasillos defendiendo a presuntos corruptos, de los que siempre se declaraba "amigo": lo hizo con Carlos Fabra y lo hizo con Jaume Matas, ambos presidiarios. Pero ahora él era el aludido y ha tenido que salir él mismo a defenderse: ha admitido los pagos del grupo Constructora Llorente S.A (Collosa), ha asegurado que nada de lo publicado se contradice con su régimen de incompatibilidades.

"No descubre nada"
El diputado ha asegurado que Hacienda "no descubre nada" porque tiene todos sus datos, que son los que él mismo ha declarado, y que ni la Agencia Tributaria ni "nadie" se ha puesto en contacto con él ni tiene noticias de ese informe, aunque también ha matizado que no tiene ningún reproche que hacer a los funcionarios de Hacienda. Tras señalar que ha presentado sus declaraciones de actividades en el Congreso "en tiempo y forma", ha recordado que el pleno de la Cámara aprobó con un 90 por ciento de los votos la compatibilidad de su trabajo como economista en el estudio jurídico Sirga XXI, desde el que realizó las asesorías a la constructora.

Prestar conocimiento
Sobre lo curioso de que sus asesorías fueran todas verbales, por lo que no hay pruebas, según Pujalte es normal que no hubiera informes escritos de las asesorías que realizó para la empresa, ya que su función no era presentar ningún estudio, sino "prestar su conocimiento" y análisis al consejero delegado para que adoptara después las decisiones que considerara convenientes, y que incluso puede haber documentos por escrito que luego hayan terminado en la "papelera".

¿Ético? "No, me parece legal"
Preguntado por si le parece ético, ha contestado: "No, me parece legal". Dice que se ha acogido al marco legal existente, que está abierto a debatir, pero que es el que actualmente está en vigor. "He cumplido con mis obligaciones en el Congreso y con Hacienda, creo que lo he hecho bien y estoy satisfecho de las labores que he hecho", ha defendido antes de añadir: "Yo siempre he practicado el pluriempleo" y "cumpliendo exigentemente con mis deberes profesionales tanto como diputado como en los trabajos que he realizado".

Pagarse los estudios
Después, Pujalte ha entrado en modo Monago -"no tengo parabólica"- y ha recordado sin que nadie se lo preguntara que ya cuando era estudiante trabajaba para pagarse la carrera, que cuando estuvo en la Cámara de Comercio llegó a tener tres empleos, ya que tenía un despacho profesional y daba clases en la universidad, y que antes, en su etapa en el Ayuntamiento, también tenía una actividad mercantil. Ha explicado que siempre solicitó la compatibilidad del Congreso salvo el año 2000, en el que su función como portavoz adjunto del PP no le permitía ejercer su actividad profesional, y que volvió a pedirla en 2008, cuando dejó la dirección del grupo.

5.000 euros al mes
En esa fecha solicitó la compatibilidad para asesorar a Collosa, en un momento en plena crisis en el que la empresa estaba en un proceso de "desapalancamiento" y reestructuración y en el que el consejero delegado, Mario Armero, le pidió ayuda como asesor económico, labor por la que cobró 5.000 euros al mes, de los que -ha dicho- hay que deducir gastos e impuestos. No obstante, ha enfatizado que "nunca, jamás" acompañó a Armero a ninguna reunión pública ni privada de la compañía ni ejerció ninguna representación de la sociedad, y ha negado que pueda hablarse de otro tipo de influencias en favor de la empresa. "No tengo yo más amistades con la administración que cualquiera de los periodistas, ninguna más", ha concluido, sin que viniera mucho a cuento la afrenta al mensajero.