El exalcalde de Toledo José Manuel Molina atiende a los medios a su salida de la Audiencia Nacional, donde ha prestado declaración como imputado por la supuesta adjudicación irregular en 2007 de una contrata a una filial de Sacyr. EFE
El exacalde del PP de Toledo , José Manuel Molina, bajo cuyo mandato tuvo lugar la mordida denunciada por Luis Bárcenas en sede judicial de los 200.000 euros que la empresa Sacyr pagó para financiar la campaña electoral de María Dolores Cospedal en 2007 a cambio de la concesión de la recogida de basuras de la capital, no ha convencido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que en la tarde de este lunes le ha tomado declaración como imputado. Molina, asistido por el abogado del PP toledano, Víctor Sánchez Beato, ha asegurado a la salida del interrogatorio, que no ha “adoptado ningún acuerdo ilegal ni he cobrado una comisión en mi vida”, para seguidamente hacer suyo el “libro de estilo” impuesto por la sede de Génova a todos los imputados por supuesta corrupción, señalando que: “El mayor patrimonio que tengo es mi honor personal e iniciaré las acciones necesarias para defenderlo”.
Un alza irregular de 11 millones
En el auto en el que acordó imputarle, Ruz afirmaba que el papel de Molina en el proceso de adjudicación del contrato a Sufi (filial de Sacyr) por un periodo de 14 años podría ser constitutivo de varios delitos. Molina, que era alcalde de la ciudad cuando se aprobó una modificación del contrato que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos legales, está imputado por los delitos contra la administración pública, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. (). Al ser preguntado por este extremo, ha señalado a los periodistas: “Sobre los elementos concretos no voy a hacer alusión”.
Molina hizo caso omiso de la intervención
Quien sí ha contestado a todas las preguntas que le ha formulado Ruz ha sido el viceinterventor del Ayuntamiento toledano, Francisco Javier Sánchez Rubio, que le ha recordado al juez que el equipo de Gobierno presidido por José Manuel Molina hizo caso omiso de la intervención municipal y cuatro días antes de las elecciones municipales de 2007, celebradas el 27 de mayo, decidieron modificar el contrato con Sacyr (ver contrato) en contra de su opinión y sin aportar los informes preceptivos ni el de fiscalización de obligada realización ().
Adjudicación lesiva para el Ayuntamiento
Por su parte, el actual alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, último en declarar en condición de testigo, ha reconocido ante el juez de la AN que la adjudicación y posterior gestión del contrato en el periodo entre agosto de 2006 y mayo de 2007 ha sido lesivo para los intereses municipales y supuso una merma económica para el Ayuntamiento de Toledo. Page, siguiendo la línea del viceinterventor, ha reconocido ante Ruz que su equipo de Gobierno “se vio vinculado por un acuerdo que como todos los que firma un alcalde debe asumir el siguiente” y que el mismo le vinculó a un compromiso de gasto laboral porque en su momento, el Gobierno municipal del PP no los había tenido en cuenta en el proceso de contratación “en una concesión que iba para varios años".
El sospechoso contrato de viales
Pero Sacyr no solo se llevó 63 millones de euros. No contentos con esta engordada concesión, el Ayuntamiento de Toledo bajo la dirección de Molina se sacó de la manga, solo tres meses después de firmar el contrato, el mantenimiento de viales de la ciudad que como no podía ser de otra forma se le concedió a Sacyr por valor de 700.000 euros por dos años de prestación de servicio prorrogables por otros dos, 1.400.000 euros en total, a pesar de ser la oferta más cara de las seis que se presentaron (). Sin embargo, García-Page le ha dicho a Ruz que una vez concluido el contrato el Ayuntamiento presidido por él decidió no prorrogar el mismo y eliminar este servicio.
El nombre de Tirado vuelve a la palestra
Del mismo modo, el actual alcalde, que ha estado declarando como testigo durante casi dos horas, ha recordado, a preguntas de los abogados, que el hoy presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, mano derecha de la todavía “número dos” de Mariano Rajoy y secretario general del PP regional, Vicente Tirado, era por aquel entonces el coordinador general de los servicios del Ayuntamiento y dependía directamente del vicealcalde y tesorero de los populares castellano-manchegos, además de firmante de la mayoría de documentos de esta polémica concesión, el también imputado Lamberto García Pineda.
Declaración de los técnicos de Sacyr
Así las cosas, y siempre pendientes de las declaraciones en condición de testigos previstas para el este martes de cuatro técnicos de Sufi (actual Valoriza Servicios Medioambientales), el juez Ruz dará por concluida su instrucción y todo parece indicar que enviará esta pieza separada del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de Castilla Mancha al estar aforados Vicente Tirado y la propia Cospedal, dos posibles supuestos imputados. Así, al menos, lo dejó claro Ruz en su último auto: “La doctrina jurisprudencia vigente obliga a este instructor a practicar cuantas diligencias se estimen precisas para completar la investigación de los hechos puestos de manifiesto por el imputado Bárcenas al efecto de constatar la realidad o no de los mismos, y, en el último término, el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas,con carácter previo a una eventual remisión por parte d ella instrucción, mediante la formulación de la correspondiente exposición razonada a favor del órgano que se estimare en su caso competente”.
