Hay materias sobre las que todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de no someterlas a cambios continuos, tal es el caso de la educación o la sanidad. Todos creemos que lo más óptimo es conseguir un grado de consenso, capaz de ir más allá de los cambios de legislaturas y de colores políticos. Básicamente, este convencimiento está fundamentado en la necesidad  de avanzar y profundizar en áreas sobre las que, en cierta medida, depende nuestro futuro.

Teniendo en cuenta el papel de tecnología y los avances científicos en nuestras vidas, no cabe duda que la I+D+i, y aún más la referida a las nuevas tecnologías, tendría que ser una de esas asignaturas necesitadas de un compromiso a largo plazo. Un compromiso que debería de ser aún mayor si las iniciativas provienen del entorno privado y del mundo de la empresa.

Cuando una organización empresarial renuncia a una parte de sus beneficios para invertir en I+D+i, su retorno no es inmediato, pero la sociedad, la economía y el país lo aprovecha inmediatamente porque esa inversión se traduce automáticamente en puestos de trabajo, nuevas infraestructuras y focos de atracción de talento. En el largo plazo, una inversión continuada de este tipo acaba incidiendo en la conversión de una ciudad, zona geográfica o todo un país en un referente de ciertas disciplinas o actividades, lo que se traduce en prestigio y relevancia internacional.

Frente a esto, la labor de la I+D+i en nuevas tecnologías de la información está sometida actualmente a paradojas que desaniman y frustran a sus impulsores. A pesar de que haya consenso sobre la I+D+i como pilar de crecimiento para países como España,  mermados por la crisis económica y con pocos sectores pujantes para afianzar o sustentar su crecimiento, son pocos los organismos públicos y privados que reconocen ese esfuerzo y contribuyen de manera decidida a su mantenimiento, más allá de bonitas palabras e intenciones.

Esto está pasando de manera concreta en la I+D+i para medios de pago digitales, seguridad de la información y sistemas de identificación digital, segmentos críticos por sus implicaciones en cualquier economía y, por lo tanto con un enorme potencial de negocio a nivel mundial. España es, hoy en día, un referente internacional en aplicaciones y tecnologías de vanguardia en este entorno gracias a las inversiones en I+D+i de empresas como G&D.

Pero a pesar de este liderazgo, de haber desarrollado soluciones punteras y de calidad, que aportan ventajas competitivas, actualmente, la demanda de este mercado, quizás presionada por el capítulo de costes, nos obliga a competir con empresas lejanas, que no se someten a regulaciones medioambientales o de derechos laborales, sin inversiones en investigación y, en muchas ocasiones, no certificadas por organismos que velan por la seguridad y la calidad de los desarrollos.

Es una situación incoherente y preocupante sobre la que hay que adoptar medidas. No queremos regulaciones u obligaciones legales, queremos una toma de conciencia sobre nuestro futuro como sociedad, aplicar el sentido común y observar el enriquecimiento del entorno social que rodea a cualquier inversión en I+D+i.

La apuesta de G&D por España ha supuesto la creación de 400 puestos de trabajo, 100 de ellos de alta cualificación, la puesta en marcha de un programa interno de formación para ingenieros, que significa que entre un 7% y un 8% de la plantilla esté compuesta por estudiantes en prácticas de manera continua. Además, en un 90% de los casos los estudiantes continúan desarrollando su carrera profesional dentro de la compañía.

Como vemos, la inversión en I+D+i va más allá de la mera innovación, supone la creación de toda una red de relaciones que traspasan el ámbito de las empresas y de sus mercados y que directamente beneficia al conjunto de la sociedad en la que se realiza. Por lo tanto es vital un pacto para que empresas e instituciones locales apoyen dichos esfuerzos inversores y esas ventajas sociales perduren en el tiempo.

David González, Sales and Marketing Director de GYD Ibérica